El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, replicó este lunes a las FARC y negó que el proyecto de ley presentado en el Congreso para endurecer las penas contra los manifestantes que bloquean vías tenga la intención de criminalizar la protesta social.Pinzón hizo estas declaraciones durante la inauguración de un taller internacional sobre Derecho Internacional Humanitario en Cartagena (norte), en respuesta a las acusaciones vertidas, también este lunes, en La Habana por el negociador guerrillero en el proceso de paz “Pablo Catatumbo”, alias de Jorge Torres Victoria.“Cuando en esas protestas hay violencia contra otros ciudadanos o cuando hay afectación de los derechos a la movilización, alimentación, trabajo y la salud, la fuerza pública tiene el deber de actuar, no para atacar esa protesta sino para proteger los derechos de los ciudadanos”, explicó el ministro.El titular de Defensa remarcó que el Gobierno “promoverá” la protesta social siempre que respete los derechos de los ciudadanos y señaló que la fuerza pública tiene la obligación de proteger a la sociedad colombiana porque así lo ordena la Constitución.Pinzón opinó que “causa gracia” escuchar que las FARC hablen de respetos a los derechos después de haber “fundamentado su existencia en la violación de todas las normas que hay a nivel nacional e internacional”.“Asistimos sin duda a la legalización de la criminalización de la protesta”, señaló “Pablo Catatumbo” en su declaración leída en la capital cubana sobre el proyecto de reforma del artículo 353 A del Código Penal sobre la obstrucción de vías públicas, presentado por Pinzón el pasado 11 de septiembre.Esta iniciativa fue impulsada después de que los manifestantes del sector agrario decidieran poner fin a casi veinte días de bloqueos en las carreteras, y establece penas de entre tres y cinco años de cárcel a los promotores y actores de los bloqueos de vías, con castigos que serán agravados si llevan capuchas.Según las FARC, “Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno” con “medidas fascistas” como este proyecto de ley, por lo que reclamaron que se establezca de manera urgente en el país “una verdadera doctrina de seguridad humana”.