Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo confirman la cruda realidad que viven las mujeres en Colombia: en solo dos meses del año, se han registrado 1.310 casos de violencia basada en género, incluyendo 59 intentos de feminicidio y 9 feminicidios consumados.
Este panorama desolador se ve agravado por las barreras que encuentran las mujeres para acceder a la justicia. El vencimiento de términos, que permite la libertad de agresores, incluso en casos de flagrancia, es una grave revictimización que vulnera aún más a las víctimas.
“Motivo por el que, desde nuestra delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género, hacemos un trabajo importante de incidencia en esos casos, justamente, para lograr interrumpir el vencimiento de términos y dar garantías judiciales a las víctimas”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De otro lado, de acuerdo con la entidad, la falta de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios para mujeres en riesgo feminicida las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, se ven obligadas a regresar con sus agresores, poniendo en riesgo su vida e integridad.
A pesar de ser exigidas por ley desde hace más de diez años, la implementación de casas refugio y casas de acogida es deficiente. Solo hay siete casas refugio en funcionamiento a nivel departamental, lo que significa que más del 60 % del país no cuenta con este servicio vital para la protección de las mujeres. En cuanto a las casas de acogida, la situación es aún peor: solo 11 disponibles en todo el territorio nacional.
El defensor del pueblo también manifestó su preocupación sobre el “déficit” de comisarías de familia, que cumplen un papel fundamental, “pues son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”. Agregó que hay ausencia de instalaciones dignas en cientos de comisarías en el país, y requieren ser fortalecidas.
Entre los varios retos que mencionó Camargo, dejó claro que es relevante aterrizar el enfoque de género, “porque, a pesar del gran desarrollo normativo, no hemos podido establecer mecanismos eficientes para mitigar la violencia y evitar que escale”.
Del mismo modo, aseguró que es importante gestionar la respuesta al riesgo feminicida, que involucra a toda la institucionalidad, y se deben contemplar medidas para la autonomía económica, con el propósito de que las mujeres, sus hijos e hijas puedan romper la dependencia económica con el agresor y el ciclo de violencia.
“A pesar de toda la inversión en materia de prevención, las mujeres continúan enfrentándose a operadores judiciales y policivos que ponen en duda el relato de las víctimas, factor negativo que desincentiva la denuncia”, enfatizó el defensor.
Ante esta realidad, Camargo Assis hizo un llamado enérgico a las autoridades para que tomen medidas contundentes que garanticen la protección de las mujeres y niñas en Colombia. Según el funcionario, es necesario fortalecer la atención a las víctimas, implementar efectivamente la ley y eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia.
“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso, el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, remarcó Carlos Camargo Assis.