El viacrucis en el que se ha convertido el Programa de Alimentación Escolar (PAE) parece no tener fin. Alimentos con pelos, excrementos de animales en las zonas de preparación y almacenamiento, falta de agua potable, entre otros hallazgos, fueron detectados por una misión en terreno de la Defensoría del Pueblo en varias regiones del país.
Ante los hallazgos, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente a las entidades territoriales y nacionales para que “concentren sus esfuerzos” en la adecuada prestación del PAE. Esto surge a raíz de los hallazgos durante la aplicación del Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE.
En el protocolo, que se aplicó en 118 instituciones educativas en varios departamentos del país y se recogió la percepción de aproximadamente 1.400 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE, se llevaron a cabo entrevistas con padres, madres, cuidadores, directores de instituciones y operadores. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad y el cumplimiento del programa en varias regiones.
“A partir del trabajo realizado en los territorios por nuestros funcionarios y funcionarias, y dándole cumplimiento a la aplicación –con corte a octubre– del Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE, al escuchar a niñas, niños y adolescentes sobre la percepción que tienen frente a la calidad de la prestación del programa, del cual ellos son beneficiarios directos, hubo hallazgos que generan bastante preocupación”, expresó el defensor Camargo Assis.
En los departamentos de Norte de Santander y Guaviare, por ejemplo, se reportaron preocupantes incidentes, como la presencia de pelos en los complementos alimentarios y la falta de cucharas, que obliga a los beneficiarios a utilizar utensilios en condiciones deficientes de aseo.
Además, se identificaron problemas de falta de agua potable en Chocó y Boyacá, y excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento en Atlántico, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes.
En municipios como Soacha, Pasto, Magangué, Tunja y Coper, la Defensoría encontró instalaciones precarias, filtraciones de agua y espacios insuficientes para los comedores. La falta de menaje y utensilios de aseo también es un problema en Magangué, Tunja y Coper, lo que contribuye a condiciones deficientes de aseo.
En el departamento de Córdoba, el PAE a cargo de la Gobernación se suspendió en mayo de 2023, afectando a 156.690 estudiantes, y en otras entidades territoriales certificadas, como Amazonas, Cesar y Guaviare, el programa presenta alertas de suspensión.
El defensor del Pueblo destacó que, en términos generales, se evidenció un promedio de cumplimiento del 69,5 % en el componente de calidad e inocuidad del PAE, y prueba de ello es que los menores están siendo alimentados, en algunos comedores, con tan solo arroz, salchichón y galletas de soda.
“Instamos a las entidades territoriales certificadas para que, en el desarrollo de sus funciones para la correcta y efectiva prestación del Programa de Alimentación Escolar, realicen el debido seguimiento a la operación en los territorios”, dijo el defensor del Pueblo.
Ante estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo activó 19 rutas defensoriales y está realizando requerimientos y coadyuvancias de acciones judiciales. Además, se insta a los operadores a cumplir con los lineamientos técnicos administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para evitar el desperdicio de alimentos y garantizar la correcta constitución de los menús y ciclos de menú.
La Defensoría hace un llamado a padres, madres y cuidadores para exigir la conformación de los Comités de Alimentación Escolar en las instituciones educativas y establecer rutas de seguimiento y vigilancia para verificar las irregularidades en el PAE.
Carlos Camargo subrayó la importancia de una correcta planeación en la ejecución del programa para garantizar la operación y continuidad durante todo el calendario escolar y así proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE.
La institución nacional de derechos humanos se compromete a seguir monitoreando el programa en todo el país y a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia beneficiaria del PAE.
“Como institución nacional de derechos humanos seguimos comprometidos con el seguimiento continuo al programa en todo el territorio nacional y presentando, ceñidos a nuestra misionalidad, las acciones defensoriales a las que haya lugar porque velamos por la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia beneficiaria del PAE”, concluyó el funcionario.