Una lluvia de críticas ha recibido el periodista Alberto Donadío por su columna en internet, en la que responsabilizó al expresidente liberal Virgilio Barco y a su amigo israelí, Rafi Eitan, por el genocidio de la Unión Patriótica (UP), movimiento político de izquierda en el país.
Al respecto, Julio Londoño Paredes, quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Barco, dijo que el expresidente fallecido fue un hombre íntegro: “Jamás se puede ni siquiera suponer que alguien como Virgilio Barco, el mandatario más honesto y limpio que ha tenido el país, así como el más valiente y último liberal, hubiera podido haber consentido tácitamente en la eliminación de miembros de la Unión Patriótica”.
En Vicky en SEMANA, Aída Avella, senadora de la lista de la Decencia, dijo que no había discusión si hubo participación por parte de las Fuerzas Militares en el exterminio de la UP, porque según la congresista, “por supuesto que participaron, están todas las investigaciones nacionales, internacionales”.
”Aquí lo que nos sorprende en estos momentos es que sea precisamente el cuerpo de inteligencia de los israelíes, que además viene a asesorar, porque de la CIA sabíamos, pero del cuerpo de inteligencia israelí poco se conocía”, agregó la senadora.
Además, la congresista se preguntó por qué los medios de comunicación de la época no publicaron en su momento información como la de Washington Post y de la prensa de Israel, donde según ella se referían a la asesoría que supuestamente prestó Rafi Eitan, exdirector del Mossad, a la Presidencia de Virgilio Barco. Por lo tanto, Avella dijo en SEMANA que ella consideraba que las apreciaciones del periodista Alberto Donadío, eran ciertas.
Por su parte, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, dijo que la hipótesis planteada por Donadío era un montaje en contra de las Fuerzas Militares, y que por el contrario acusar al gobierno del expresidente Barco por el exterminio de la UP, no tenía fundamento alguno.
“Bajo ninguna circunstancia eso ocurrió, ni él asumió posiciones o adoptó directrices en ese sentido. Ya hay reacciones en distintos sectores de la ciudadanía rechazando esas imputaciones. Ahora, son imputaciones que hacen recurriendo a fuentes anónimas, cuya identidad se reserva. Si él tuviera -Donadío- elementos de juicio suficientes y si esas fuentes que él cita hubieran proporcionado las pruebas requeridas o necesarias, lo lógico en vez de armar este bochinche mediático, que es muy propio de la extrema izquierda para llamar la atención, ha debido ir a la JEP. Esa nueva Jurisdicción tiene abierto un caso allá”, señaló Ruiz.
Avella también dijo que, sobre la hipótesis de Donadío, hay una sospecha delicada porque “hay manos internacionales” en el exterminio de la UP, recalcando que en Colombia han intentado por todos los medios “no creer que los de izquierda pensamos”.
“Yo no sé por qué decidieron matarnos. Yo por ejemplo recibí el anónimo de golpe de gracia, pasó por mis manos y lo que decía era lo siguiente: ‘la cúpula militar se ha reunido para decidir si los siguen matando a ustedes o si les hacen unos procesos completamente amañados (...) no se dejen matar. Lo único que les pido es que por favor no den a conocer esto inmediatamente porque sabrían quién les dijo’. Para mí era un general de los que había participado en la reunión”, insistió Avella.
Ante lo manifestado por Avella, Ruiz le respondió a la senadora que desde las Fuerzas Militares rechazaron totalmente, en su momento, el asesinato en su momento de los integrantes de la UP.
Por otra parte, Ruiz le dijo a la congresista Avella que, tras su supuesta acción persistente de “agredir a las Fuerzas Militares”, desde Acore tomarán una acción judicial en su contra.
“Estamos estudiando con un grupo de abogados, porque esta campaña de desprestigio que ha querido acabar con muchas cosas de la institución, no lo podemos admitir. Vamos a reaccionar porque ya es demasiado sistemático y repetitivo y se rebosó la copa”, apuntó el general (r).
Al respecto, la senadora Avella le respondió a Ruiz que siempre la han amenazado con ese tipo de denuncias, tal como ocurrió en su momento con el general (r) fallecido Harold Bedoya. “Esto no es nada nuevo general, usted a lo mejor conoce esto”, agregó.
En los últimos días, diferentes personalidades de la política han defendido a Barco frente a esta tesis. Uno de los argumentos que esgrimen es que en esa presidencia, Barco nombró 14 miembros de la Unión Patriótica como alcaldes municipales, antes de que se estableciera la elección popular de esos cargos. También le pidió la renuncia Carlos Lemons pues este había dicho que la UP era una extensión del brazo armado de las FARC y el presidente entonces argumentó que se trataba de una expresión política de un grupo que se había desmovilizado.