Desde 2019 un fallo judicial le exigió a la Alcaldía de Medellín construir la Cárcel Metropolitana para Sindicados. Lo anterior, teniendo en cuenta la grave problemática de hacinamiento que desde hace varios años se presenta en estaciones de policía.
Hasta hace unos días, por fin, se presentó el proyecto de acuerdo para asignar los recursos destinados a la construcción de este centro de detección social.
La Alcaldía de Medellín ha reiterado que dicha construcción es necesaria y apremiante tanto para la ciudad como el país. Sin embargo, algunos integrantes del Consejo de Medellín han cuestionado las formas como se ha gestionado el proyecto.
Este es el caso de la concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático, quien está tratando de convencer a sus colegas para que no aprueben estas vigencias futuras que, en sus palabras, sería “un cheque en blanco”.
Según la funcionaria, después de revisar el proyecto “no hay evidencia concreta de cuánto valió el predio y cuál es el estudio técnico que respalda su viabilidad para albergar la cárcel, información básica con la que tienen que discutir el proyecto en el Concejo y que el Distrito no les ha entregado todavía”.
Adicionalmente, Orrego señaló que “la alcaldía de Daniel Quintero no ofrece ninguna garantía para la aprobación de dichas vigencias, luego de tres años de negligencia, con la obligación de la Corte que a última hora quisieron corregir con un proyecto lleno de irregularidades”.
Conviene subrayar que la sentencia de la Corte Constitucional daba un plazo de 40 meses a la Alcaldía y los municipios del área metropolitana para construir la cárcel y acabar con el hacinamiento que padece el Valle de Aburrá y que mantiene en deplorables condiciones a cientos de detenidos en las 27 estaciones de policía existentes.
Y aunque dicho plazo expiraba en abril próximo, la Sentencia de Unificación SU122/22 de la Corte Constitucional le otorgó en 2022, seis años más de plazo para que esta cárcel esté operando.
Por lo anterior, la concejala Orrego insistió en que este proyecto debe discutirse en 2024 para que se ejecute con plenas garantías durante los siguientes cuatro años.
Por su parte, el alcalde Daniel Quintero hizo un anuncio adicional en el que confirmó que además de la construcción de un nuevo centro penitenciario, el Gobierno nacional aportaría alrededor de $ 1.500 millones para mejorar, restaurar y realizar obras adicionales en los centros penitenciarios El Pedregal y en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Medellín.
“Creemos que hay que reforzar en términos de Policía. En el gobierno de Duque nos quitaron 700 policías y queremos que nos los devuelvan para brindar más seguridad a los ciudadanos. También hablamos de la necesidad de construir más cárceles y un proyecto que garantice penas ejemplarizantes”, aseguró el funcionario.
Por otra parte, durante el Consejo de Seguridad Nacional que se realizó el pasado 06 de febrero en la Casa de Nariño y que contó con la participación de los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, los ministros de Justicia, Interior, Defensa, comandantes de las Fuerzas Militares y Policía, las autoridades anunciaron que se instalará una mesa diálogo para construir estrategias que permitan disminuir el porcentaje de homicidios, extorsión y hurtos que actualmente aquejan a cada capital del país.
Finalmente, analizaron los actuales proyectos del Gobierno nacional, lo cuales están centrados en la humanización de penas, la ejecución de penas cortas y la construcción de cárceles con estándares sencillos. Sin embargo, aclararon que sería otro proyecto el que estipularía un mecanismo de financiación para construir centros de atención urbanos que funcionen como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o Casas de Justicia.