La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más de 1.590 millones de pesos.
El órgano de control investiga a Ríos Morales por presuntas irregularidades en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles anomalías en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por 500 millones de pesos, 02 de 2020 por 350 millones de pesos, 03 de 2020 por 300 millones de pesos, y 04 de 2020 por 442.340.500. Además, la Procuraduría investiga un “posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada de la covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa”.
El órgano de control indicó que esa decisión la tomó contra el alcalde de Armenia para evitar que este continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos. “Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia”, señaló la Procuraduría.
En este proceso la Procuraduría también investiga a la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y al subdirector, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño. Por último, la Procuraduría remitió copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines pertinentes.