La Defensoría del Pueblo se reunió con alrededor de 100 alcaldes locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) para revisar la situación de seguridad y derechos humanos en diferentes regiones del país, en especial para los funcionarios públicos.
“Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de seguridad y derechos humanos en el país, y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El director de la entidad apoyó la labor que realizan los alcaldes y les dijo que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.
Asimismo, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones del próximo mes de octubre: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.
Municipios en alto riesgo
La Defensoría del Pueblo dio a conocer que son 75 municipios los que están en un nivel de riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Entre estos se encuentran: Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), que se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos, mientras que Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo) están trabajando bajo amenazas.
Por esta razón, la entidad destacó la importancia de continuar con la dinámica de vigilancia, en articulación con los alcaldes, a la crítica situación de vulneración a los derechos humanos por las acciones de los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional.
“Las crueles acciones de estos grupos nos afectan a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, afirmó el defensor Carlos Camargo.
Fortalecimiento de las estructuras criminales
Camargo Assis les entregó a los alcaldes informes y cifras que han recogido los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el país, en los cuales se ha evidenciado el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales de alcance nacional que han aprovechado las regiones abandonadas por las antiguas Farc. También les informó acerca del surgimiento y la expansión de nuevos actores regionales y locales que buscan apropiarse de las economías ilegales en varias zonas de Colombia.
“El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las AGC (Clan del Golfo) que delinquen o tienen injerencia en 24 departamentos y 392 municipios, principalmente en el noroccidente y oriente del país. En segundo lugar, el ELN, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios, de manera concreta en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, explicó Carlos Camargo.
Actualmente, las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco tienen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonia y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela. Por otra parte, las disidencias de las Farc, denominadas la Segunda Marquetalia, es un grupo que delinque en 14 departamentos y 69 municipios, principalmente en el suroccidente del país, aunque también tiene injerencia en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.
Según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, en todo el país hay presencia de grupos de crimen organizado con alcance territorial, que son utilizados por los grupos armados ilegales mediante cadenas delictivas, a través de la subcontratación o tercerización de acciones criminales. Igualmente, se ha identificado la presencia y operación de grupos de crimen organizado transnacional.
“Para poder enfrentarlos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un Gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos con nuestra labor para que alcaldes y gobernadores no continúen siendo atemorizados por los irracionales”, finalizó el defensor del Pueblo.