Posibles errores en el proceso de licitación para contratar las obras del acueducto de El Curval tienen en la mira de la Procuraduría a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo. El Ministerio Público la citó para que el próximo martes 5 de diciembre rinda cuentas sobre la licitación que podría costarle al país 1,6 billones de pesos de adjudicarse con los posibles errores advertidos.
“Sin plena claridad frente a las observaciones hechas por el Ministerio Público a la licitación para la construcción del Acueducto El Curval, la alcaldesa, Virna Lizi Johnson Salcedo, decidió seguir adelante con el proyecto”, dijo la Procuraduría.
Agregó el Ministerio Público: “Los reparos realizados al proceso se han enfocado en la tipología contractual, el plazo de ejecución, su forma de financiación y de pago establecida en los pliegos de condiciones”.
Así mismo, indicó la Procuraduría: “En el proyecto se busque comprometer presupuestalmente a la ciudad hasta el año 2052, además de poner en riesgo el patrimonio público, pues están en juego 1,6 billones de pesos”.
“Ante la situación y las evasivas de la Administración Distrital a dar respuestas, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública llamó a comparecer a la mandataria, quien tendrá que presentarse este martes 5 de diciembre en Bogotá”, manifestó el ente de control.
En la página oficial de la Alcaldía de Santa Marta se destacan las condiciones de la alcaldesa al mencionar que es especialista en gerencia pública. “Su deseo de estar preparada y cualificada para los retos que tuviera que afrontar la motivó a especializarse en Gerencia Pública y también a terminar una maestría en Administración. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público”, señala la Alcaldía municipal.
A los ruidos sobre posibles errores en la contratación de la millonaria obra también se sumó la Contraloría General de la República, que hizo varias observaciones al respecto. “La Contraloría General de la República iniciará actuación de control concomitante y preventivo al proceso licitatorio para la construcción del nuevo Acueducto de Santa Marta, específicamente al contrato que se suscriba, así como a la ejecución del proyecto”, indicó el ente de control.
Agregó la Contraloría: “El objetivo es monitorear los riesgos hasta ahora observados por este ente de control y aquellos que se puedan apreciar durante el desarrollo del proyecto”.
“Se han señalado varios riesgos, empezando por la forma de pago planteada para la ejecución de las obras y la carencia de un estudio de financiamiento, que analice diferentes alternativas de crédito. Se tiene previsto que se hagan pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100 % a través del contratista”, añadió la Contraloría.
Así mismo, dijo la Contraloría que se “ha advertido que los requerimientos financieros de la licitación no presentan concordancia con la forma de pago y suponen exigencias superiores de capacidad financiera a las de un proyecto de obra pública tradicional, lo cual podría causar parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción”.
“También ha señalado que, con las condiciones actuales de licitación, se podría estar incurriendo en una financiación onerosa a través del contratista comparativamente con otras alternativas de crédito, que no han sido estudiadas. Este sobrecosto financiero podría ser de dimensiones importantes”, puntualizó el ente fiscalizador.
Se tiene previsto que el contrato para las obras de acueducto en mención se firme el próximo 26 de diciembre.