La Contraloría de Bogotá denunció en las últimas horas que por lo menos 176 personas que fallecieron hace varios años aparecieron en el año 2021 como beneficiarias del programa Mejoramiento de Empleo Incluyente a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá y que fue lanzado para la reactivación económica de la capital tras la crisis por la pandemia de la covid-19.

De esas 176 personas fallecidas, 38 figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo.

Ante esta denuncia, la Secretaría de Desarrollo Económico emitió un pronunciamiento respondiendo a los hallazgos del ente de control.

De acuerdo con la Secretaría, de las 176 personas reportadas por la Contraloría como fallecidas y que aparecen como beneficiarias, 154 tienen explicación en que el ente de control: i) tomó números de identificación extranjeros como colombianos, ii) reportó como fallecidos a beneficiarios con cédulas que en realidad sí están activas iii) reportó personas atendidas antes de su fallecimiento o antes de ser retenidas de la libertad y iv) casos duplicados.

En detalle, la Secretaría de Desarrollo Económico expuso lo siguiente:

● Al cruzar con las bases de datos de la Registraduría Nacional, la Contraloría toma cédulas de extranjería y otros documentos de identificación como si fueran cédulas de ciudadanía colombianas, lo que genera coincidencia con cédulas de personas fallecidas, pero que son personas diferentes a las atendidas. Es decir, ciudadanos extranjeros atendidos cuyo número de identificación coincide con el número de cédula de un ciudadano colombiano. Esta situación explica 54 de los 176 casos reportados.

● Se identificó que otros 54 de los casos reportados por la Contraloría no corresponden ni por nombre ni por tipo de documento a la persona fallecida, según verificación realizada el 4 de julio del 2022 en la página web de la Registraduría y en el Sistema General de Seguridad Social.

● Se identificó que otros 15 beneficiarios fueron atendidos antes de su privación de la libertad y 17 antes de su fallecimiento o cancelación de su documento de identidad. Esto explica otros 32 casos.

● En 14 de los casos reportados, estos se encuentran duplicados o no se evidenciaron en el informe final presentado por la Contraloría.

Ahora bien, la Secretaría acepta que, de los 176 casos mencionados por el órgano de control, hay 22 en los que efectivamente se encontraron anomalías. Pero advierte que “estos representan el 0,05 % de los más de 45.000 beneficiarios del programa en 2020 y 2021″.

Frente a estas irregularidades, la entidad indicó: “Partimos del principio constitucional de buena fe, y más aún considerando que la mayoría de registros que se hicieron en 2020 y 2021 se realizaron de manera virtual por temas relacionados con la pandemia”.

No obstante, dejó claro que, para contrarrestar este tipo de situaciones, la Secretaría ha venido construyendo un modelo antifraude que permita, a través del cruce de información de diferentes registros administrativos, excluir personas inescrupulosas que actúan de mala fe ante la oferta institucional. “Para este caso puntual, adelantaremos las respectivas acciones judiciales y denuncias ante las autoridades competentes”, subrayó.

La entidad, a cargo del secretario Alfredo Bateman, concluyó: “Daremos las explicaciones de manera formal a la Contraloría Distrital y a los demás órganos de control que así lo soliciten. Seguiremos trabajando bajo los principios de respeto a la autonomía, el debido proceso y el derecho a la defensa para garantizar mayores oportunidades de empleabilidad y formación para todos los bogotanos”.

Cabe mencionar que la Contraloría de Bogotá formuló un hallazgo administrativo y fiscal en cuantía de 94.327.079 pesos con presunta incidencia disciplinaria y penal por falta de control sobre la base de datos de la población beneficiaria, al determinar presencia de personas con identificación cancelada por muerte y otras razones.