Desde el pasado miércoles 28 de abril, cuando se inició la movilización en contra de la reforma tributaria en Cali, varios hechos vandálicos han empañado las protestas, las cuales han dejado a varias personas heridas y fallecidas por enfrentamientos entre civiles e integrantes de la fuerza pública. Hechos que son investigados por las autoridades competentes.
Teniendo en cuenta el anterior panorama en la capital del Valle del Cauca, el alcalde Jorge Iván Ospina decidió declarar en la ciudad, a través del decreto 0233 del 2021, el estado de urgencia manifiesta por término de tres meses, los cuales podrían ser prorrogados, dependiendo de cómo evolucione la situación de orden público en la ciudad.
Con esta medida, los organismos de la administración podrán llevar a cabo contrataciones directas de prestación de servicios o para la ejecución de obras en el futuro inmediato, sin que sea necesario llevar a cabo contrataciones a través de licitación pública, siempre y cuando dichos contratos tengan que ver con la situación crítica que sustenta la urgencia manifiesta.
“Los ordenadores del gasto de los organismos de la Administración Distrital, al ejecutar los recursos para atender la crisis para atender la situación ocasionada por la alteración del orden público en la ciudad de Santiago de Cali bajo el amparo de la urgencia manifiesta decretada, lo harán con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, entidades sin ánimo de lucro, que cuenten con la idoneidad y experiencia requerida (...) De tal manera que permitan generar acciones coordinadas tendientes a procurar la respuesta efectiva y en todo caso, respetando los principios que informan el ejercicio de la actividad contractual”, señala el decreto.
No obstante, el decreto establece que los contratos celebrados bajo la urgencia manifiesta serán sometidos a control fiscal.
“Los contratos celebrados en virtud del presente articulo se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen”, se agregó.
La anterior medida decretada en Cali se suma al toque de queda y a la ley seca fijada desde el pasado martes en la capital del Valle del Cauca, la cual regirá hasta el próximo viernes 14 de mayo en el horario comprendido entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana del día anterior.
El pasado martes, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se había comunicado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Gustavo Petro buscando acercamientos para salir de la crisis social en la ciudad.
“En horas de la mañana de hoy (martes) he llamado al expresidente Álvaro Uribe, y he llamado a Gustavo Petro, y he hablado señalando la responsabilidad que tenemos todos de que esta ciudad no sea un escenario de violencia y de guerra. Y he llamado y convocado para que todos, incluidos ellos, podamos recoger y encontrar las salidas apropiadas”, recalcó Ospina.
El mandatario local también dejó claro que aquello que está en “juego no es un gobierno”, sino “la vida y la dignidad” de los caleños.
“Lo que está en juego no es una estructura burocrática, no son las características políticas nuestras o de otros, lo que está en juego es nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestras miradas integrales para resolver problemas tanto a nivel nacional como regional, como a nivel local”, señaló el alcalde de Cali.
Además, el alcalde había advertido que tanto la Alcaldía, como las autoridades competentes, se iban a movilizar para resolver de “una forma distinta” la difícil situación de orden público en Cali.
“Que Cali se convierta en el teatro de operaciones de una guerra de nuevo tipo, bajo una doctrina de nuevo tipo. Eso no lo podemos permitir, nosotros amamos este espacio de vida y en ese amor y afecto que tenemos por Cali, no podemos permitir que sea el escenario de una contradicción armada de consecuencias incalculables. Cualquiera que sea el daño material, jamás será más importante que perder vidas valiosas”, agregó Ospina.