El proyecto de Ley de seguridad ciudadana que ya fue aprobado en conciliación por el Congreso de la República y que ahora pasará a sanción del presidente de la República, Iván Duque, sigue dando de qué hablar con diferentes voces en contra y otras a favor de la iniciativa.

Las polémicas en torno al proyecto han surgido por la posibilidad de que los ciudadanos se puedan empezar a tomar la justicia por sus propias manos, toda vez que el articulado establece que no habrá responsabilidad penal cuando se rechace a alguien que intenta entrar a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado, casos en los cuales se podrá ejercer la “fuerza letal”.

Para la oposición, este proyecto deja a consideración de las personas lo que es o no la legítima defensa en medio de la conservación de los derechos patrimoniales.

En ese sentido, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, indicó que “quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel”, dejando a un lado, según él, que parte de la problemática de inseguridad que vive el país es por el hambre que está pasando la gente.

“Denle comida al pueblo de Colombia y verán cómo se reduce la inseguridad. Quieren avalar el fusilamiento de los que protestan. Ahí se juntan a la vertiente clásica del paramilitarismo en Colombia”, comentó Petro.

Así mismo, para el senador Iván Cepeda, este proyecto de ley abre las puertas a que se reactive nuevamente el paramilitarismo en Colombia.

“El uribismo nos quiere aplicar la misma vieja receta: la “legítima defensa”, la “autodefensa”, el “blanco legítimo”. Ya sabemos en qué han terminado esas políticas de “seguridad democrática”: paramilitarismo, falsos positivos, sistemáticos crímenes de Estado”, fueron las palabras del congresista del Polo Democrático.

De igual modo, este proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno nacional ha recibido fuertes cuestionamientos por buscar evitar las protestas sociales en el país endureciendo las penas a quienes atenten contra los bienes públicos.

La iniciativa, en uno de sus 62 artículos, señala que cuando dentro del delito de daño en bien ajeno se atente contra “el transporte público masivo, las instalaciones militares o de Policía” las penas se aumentarán entre 16 y 90 meses de cárcel –como está hoy– a entre 48 y 144 meses de prisión.

Otra de las figuras polémicas relacionadas con los actos vandálicos durante las manifestaciones e incluidas dentro de la ley de seguridad ciudadana es la que hace referencia al ‘traslado por protección’.

Se trata de una figura creada por el Código de Policía de 2016 que permite que una persona sea temporalmente llevada a un centro de paso si su vida e integridad o la de un tercero están en riesgo. La oposición asegura que esta parte de la norma no les da garantías a los manifestantes.

Pero así como hay voces en contra, hay quienes también defienden la iniciativa, como es el caso de la senadora Paloma Valencia, quien ha destacado que esta ley evitará que se puedan volver a presentar hechos como los que ocurrieron en medio del paro y cuestionó además a quienes se oponen al proyecto.

“Estos senadores que no acompañaron el proyecto de seguridad ciudadana son los senadores que promueven el caos en Colombia. Son los senadores que les gustan los bloqueos, que les gusta que secuestren las ciudades. Estos son los senadores que creen que la protesta puede ser violenta”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

A las voces de apoyo se sumó hace unos instantes la del secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien en representación de la Alcaldía aseguró que este proyecto ayudará a mejorar la seguridad en la capital del país.

De acuerdo con el funcionario, “será una importante herramienta para mejorar los indicadores de seguridad. La ley acoge propuestas de Bogotá sobre cárcel para delitos cometidos con arma traumática y para personas que cometen delitos recurrentemente”.

Fernández de Soto resaltó que en el proyecto “se destacan otras medidas de interés para el Distrito: incremento de penas para el delito de hurto y que por montos superiores a cuatro salarios mínimos haya detención preventiva. Se podrán aplicar las penas más altas previstas en la ley para delitos cometidos con arma blanca y el condenado tenga antecedentes penales. Se creará el tipo penal para la intimidación con arma de fuego”.

Proyecto de ley de delitos menores

El secretario de Seguridad de Bogotá reveló que para continuar con la línea del proyecto de seguridad ciudadana, desde la administración distrital se va a impulsar un nuevo proyecto de ley concerniente a delitos menores en la ciudad.

“Buscaremos con el Gobierno y el Congreso completar estos esfuerzos impulsando un proyecto de ley que cree un régimen especial de delitos menores y contravenciones penales, permitiendo la aplicación de medidas y sanciones transformadoras efectivas en lógica de justicia restaurativa”, comentó el funcionario.