La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el daño ambiental que está generando la acumulación de escombros y basura en las islas de Providencia y Santa Catalina, afectadas por el huracán Iota en noviembre de 2020. Según la entidad, el proceso de reconstrucción de las islas está convirtiéndose en una problemática ambiental, debido a la falta de gestión y manejo adecuado de los residuos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en seguimiento a la reconstrucción de las islas, ha solicitado al Gobierno nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia.
El plazo de 90 días dado por el alto tribunal ha expirado, y las áreas afectadas se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública. Los habitantes de las islas se sienten “inundados de basura”.
“En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, evidenciamos cómo lo que está sucediendo se está convirtiendo en una problemática ambiental. Por tal razón, le solicitamos al Gobierno Nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la honorable Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia”, señaló el defensor del Pueblo.
Es importante recordar que en agosto de 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciar la evacuación de residuos sólidos generados por el huracán Iota, pero hasta la fecha estas órdenes judiciales no han sido atendidas.
A la fecha hay dos órdenes judiciales, una del 2022 y otra del 2023, que desafortunadamente no han sido atendidas. “En la reciente visita a los territorios afectados, durante la primera semana de marzo, nuestros funcionarios de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente constataron la grave afectación socioambiental generada por la acumulación de residuos y basuras en las islas, es decir, el incumplimiento de las órdenes”, manifestó Camargo.
Ante la preocupante situación, el defensor hizo un llamado a todas las entidades involucradas del orden nacional, departamental y municipal: “Deben unir esfuerzos y articular acciones para hacer la evacuación inmediata y definitiva de los residuos sólidos y escombros que están afectando el derecho de todos los raizales, habitantes de la isla y turistas nacionales y extranjeros a gozar de un ambiente sano”.
Además de las preocupaciones de la entidad garante por lo que está sucediendo, insiste en que debe haber una solución definitiva a la problemática en cuestión, “pues en el curso de las próximas semanas iniciará un nuevo proyecto de construcción de aproximadamente 100 viviendas. Resulta fundamental recalcar la importancia de que haya una adecuada disposición de los residuos en el desarrollo de las obras”.
Sumado a lo anterior, una vez finalizado el proyecto, es fundamental evacuar definitivamente los escombros, “pues de continuar su indebida acumulación se podría agravar la precaria situación ambiental y de salubridad pública en las islas”.