La Defensoría del Pueblo se pronunció, a través de un comunicado, frente a la alerta en crisis de salud mental en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el departamento Vaupés, donde se reportan que en lo corrido del año son 68 los casos reportados de intentos de suicidio.
“Como Defensor del Pueblo hago un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales en razón a la alarmante situación de intentos de suicidio en el Vaupés. Son 68 casos los registrados en lo que va del 2023. Es preocupante porque 35 corresponden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, poco más del 50 % del total reportado”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De acuerdo al comunicado, las cifras del Instituto Nacional de Salud darían cuenta que los casos de los menores de edad y los jóvenes de 19 años sucedieron en las comunidades de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y en las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa.
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de este año fueron reportados cuatro suicidios en todos los grupos de edad, incluido el caso de una menor de edad, en el Vaupés. El Defensor del Pueblo explicó que la situación de salud mental en el departamento afecta principalmente a los pueblos indígenas que allí habitan.
“Solicito a todas las instituciones nacionales, gubernamentales, municipales, autoridades indígenas y la sociedad en su conjunto implementar acciones urgentes y coordinadas. Como institución nacional de derechos humanos, consideramos imperativo abordar esta problemática con un enfoque cultural e interseccional, entendiendo que lo que contribuye a estos lamentables registros se deriva del conflicto y la violencia constante que persiste en el territorio”, dijo Carlos Camargo Assis.
A partir de las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Vaupés, se ha podido identificar, además, que “las comunidades indígenas enfrentan desafíos y vulnerabilidades particulares relacionados con la pérdida de su identidad cultural, la falta de acceso a servicios básicos, la ausencia de oportunidades educativas y laborales, falencias en el acceso a servicios de salud, incluido el de salud mental, entre otros”.
De acuerdo con lo informado por líderes y lideresas, autoridades indígenas y sociedad civil, “esta problemática podría estar contribuyendo al aumento de intentos de suicidio, especialmente entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
La Defensoría señaló que se vuelve esencial para desarrollar programas de prevención y atención del suicidio, asegurando la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones.
“Instamos a las autoridades y entidades competentes en salud a adoptar medidas integrales y sostenibles que aborden los aspectos estructurales de esta problemática y que presten especial atención en la salud mental y su relación con aspectos culturales y étnicos. Es fundamental fortalecer el diálogo intercultural con las comunidades indígenas para entender sus necesidades y garantizar que las soluciones propuestas sean culturalmente pertinentes y respetuosas de sus derechos y costumbres”, expresó el Defensor del Pueblo.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia 357 del 2017 y favoreciendo una acción jurídica interpuesta por la Defensoría, ordenó a los entes nacionales y territoriales construir la política pública de salud mental, haciendo hincapié en los índices de suicidio en Vaupés.
En esa línea, según la Defensoría, “se deben fortalecer los servicios de salud mental en el departamento, asegurando que estén adecuadamente capacitados para atender las necesidades específicas de las comunidades indígenas y que sean asequibles para todos aquellos que requieran apoyo emocional y psicológico”.
“Resulta necesario hacer un llamado urgente al Ministerio de Educación para que desde los espacios educativos y formativos sean promovidos programas que fomenten el respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad indígena, así como la enseñanza de habilidades sociales y emocionales para enfrentar situaciones de crisis. Adicionalmente, contar con psicorientadores que permitan identificar a tiempo factores de riesgo que puedan estar incidiendo en el suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el departamento”, indicó Carlos Camargo Assis.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ciudadanos y demás organizaciones a contribuir activamente en la prevención del suicidio y la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas en el Vaupés.
“La corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad es esencial y fundamental para enfrentar este desafío y construir un país más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural”, señaló.
“Es necesario que como sociedad derribemos los estigmas que aún recaen en torno a la salud mental, ello implica que las graves afectaciones en el bienestar físico y emocional deben ser tomadas en serio y de manera prioritaria en las agendas públicas y en la formulación de políticas públicas”, concluyó el Defensor del Pueblo.