En Buenaventura se viven momentos de pánico e incertidumbre por el incremento de casos de violencia en el territorio. Según alertó la Defensoría del Pueblo esto ha generado que se presenten desplazamientos forzados y una situación crítica que necesita intervención del Estado.
El reporte de la Defensoría dice que registró el desplazamiento forzado de 10 familias que habitaban los barrios de Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, ubicados en las comunas 10, 12 y 7 del Distrito Especial de Buenaventura en el Valle de Cauca. Sin embargo, según comentó el defensor del Pueblo Carlos Camargo en lo que va corrido del 2021 se han registrado más de 200 desplazamientos en Buenaventura y por eso la alerta que hace en la que solicita que las diferentes entidades del Estado y del Ministerio Público puedan actuar.
“Hoy hemos pedido intervención interinstitucional integral inmediata por más de 200 casos de desplazamiento forzado en Buenaventura. Disputas que llevan a niños, adultos y adultos mayores a abandonar sus casas en 9 barrios y comunas con los pocos objetos que se pueden llevar, lo que constituye una crisis humanitaria y de orden público”, dijo el defensor Carlos Camargo sobre la situación.
El Ministerio Público dice que los enfrentamientos y la violencia que se registra en el territorio amenazan a la comunidad, especialmente a los niños, adultos y adultos mayores que habitan en los diferentes barrios del municipio. Esto los ha llevado a abandonar sus casas con los pocos objetos que han podido recoger con la única alternativa de desplazarse a otras zonas de la ciudad.
La situación en Buenaventura es crítica, teniendo en cuenta además que allí circula el 50 por ciento del comercio del país, por lo que es una ruta que históricamente el narcotráfico y los grupos al margen de la ley han buscado controlar.
La alerta de la Defensoría se da luego de que la entidad asistiera al territorio y haya evidenciado esta problemática. A Buenaventura llegó una subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional con la cual se le hará un seguimiento a la problemática denunciada.
Así mismo, estarán acompañados de la Procuraduría Provincial y la Personería. Hasta ahora el compromiso de las entidades es agilizar la toma de declaraciones de las personas que están en situación de desplazamiento.
Las entidades solicitaron que mientras las instituciones locales y la Defensoría adelantan el registro de las familias que se han visto afectadas por desplazamientos, se pueda llevar a cabo la activación de la ruta pertinente para oficializar las denuncias y hacer un seguimiento judicial a los diferentes casos y a la situación de la región.