La Defensoría del Pueblo advirtió un recrudecimiento de la violencia en el departamento del Valle del Cauca. Según el organismo, son alrededor de 800 asesinatos ocurridos en este departamento durante los primeros siete meses del año. Tan solo en Cali ocurrieron 576 homicidios; en Tuluá, 96, y en Jamundí, 72.
Reforzar medidas en Cali, sus alrededores y todo el departamento del Valle del Cauca es el nuevo llamado del organismo ante la ola de violencia que ha venido en aumento en los últimos meses. Son nueve masacres las registradas en lo que va de 2023, hechos lamentables en los que han perdido la vida 29 personas.
La Unión, el 15 de enero (tres personas ultimadas); El Cerrito, 16 de febrero (tres); Cartago, 25 de febrero (cuatro); Jamundí, 30 de mayo (tres); Ansermanuevo, 12 de junio (tres); Buenaventura, 17 de junio (tres); Cali, 29 de junio (tres); Tuluá, 3 de julio (cuatro), y Buga, 13 de julio (otras tres personas).
“Los derechos de la población civil están siendo violentados. Van desde el aumento de atracos, un sinnúmero de hechos violentos, agresiones basadas en género, masacres, entre otras acciones criminales. Es obligación de la institucionalidad ponerle freno cuanto antes a tanta barbarie”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Homicidios contra líderes sociales
Lideresas y líderes sociales y personas en proceso de reincorporación también han sido objetivo de los grupos armados ilegales en el departamento y la capital en el mismo período relacionado.
La Defensoría reportó que en Ginebra, el 7 de enero, hubo una persona asesinada; en Cali, el 26 de febrero y el 9 de marzo (dos homicidios); en Buenaventura, 9 de mayo y 6 de julio (dos); Tuluá, 15 de junio (uno); Jamundí, 5 de julio (uno), y Florida, 24 de julio (uno), el equivalente a ocho homicidios.
Violencia desbordada en Cali
Entre enero y el 23 de julio de este año, y de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de la administración municipal de Cali, en la capital de los vallecaucanos hubo 576 homicidios; es decir, 28 casos más que en el mismo período de 2022.
“¿Qué nos permite concluir esta compleja y crítica situación? Pues la materialización de la Alerta Temprana 001 de 2022, a través de la cual advertimos el riesgo al que está enfrentada la población civil por la presencia de las antiguas Farc y el ELN en zonas suburbanas, donde también delinquen estructuras ilegales organizadas; estas últimas, asociadas al narcotráfico”, añadió el defensor del Pueblo.
Tuluá vive un ambiente de zozobra
En Tuluá ocurrieron 96 homicidios en los primeros siete meses del año, un aumento del 31,51 % frente a los 73 registrados en el mismo período de 2022.
En Consejo de Seguridad realizado este 31 de julio en el municipio, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la presencia de la columna Adán Izquierdo, la cual forma parte del Comando Coordinador de Occidente, disidente de las Farc. El Ejército Nacional no ha podido realizar operativos rutinarios, dado que el grupo armado ilegal presiona a la comunidad para que retire a los uniformados.
Temor entre los habitantes de Jamundí
Los registros, que revelan un total de 72 homicidios ocurridos entre enero y julio de la presente vigencia en este municipio, 47 de ellos en el casco urbano, tienen en permanente terror a la comunidad. Su zona rural se ha visto en riesgo por el accionar criminal de la organización Jaime Martínez, columna móvil del grupo liderado por Iván Mordisco.
La Defensoría del Pueblo, por medio de su Alerta Temprana 015 de 2020, emitió específicamente la incidencia que ha tenido esa estructura disidente, de manera particular en sus áreas de media y alta montaña.
Preocupación por elecciones en el departamento
En el Valle del Cauca han sido evidenciadas alrededor de 12 situaciones en las que ha sido amenazada y puesta en riesgo la contienda electoral, que ya está andando. Trujillo, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, El Cerrito y Buga son municipios donde las estructuras criminales han ejercido algunas formas de violencia contra quienes aspiran a un cargo de elección popular. En algunas Registradurías del departamento no permitieron la inscripción de los candidatos.
También en Dagua, donde recientemente sus habitantes quedaron en medio de un hostigamiento de la columna Jaime Martínez contra la Fuerza Pública, lo que va en contravía de lo dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este hecho es la materialización de la Alerta Tempra 017 de 2021, en la que fue llamada la atención sobre la intensificación de las acciones bélicas de ese grupo armado contra las fuerzas de seguridad del Estado.
“En siete meses, en el departamento fueron registrados 781 homicidios. Es sumamente grave lo que está sucediendo en el Valle del Cauca. Necesitamos la pronta acción de las autoridades para que el derecho a la vida no continúe siendo violentado”, recalcó el defensor del Pueblo.
Y finalizó calificando como preocupante que acciones bélicas en municipios vallecaucanos puedan afectar la inscripción de cédulas y posteriormente las votaciones, programadas para el 29 de octubre próximo en todas las regiones del país: “Además, dados los riesgos generados por los grupos ilegales, habría abstencionismo por el temor de la ciudadanía a salir el último domingo de ese mes a cumplir con su ejercicio democrático. Los entes competentes, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia deben trabajar de manera articulada para que las campañas y los comicios no continúen corriendo peligro”.