La Procuraduría General de la Nación alertó por la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en todo el país. De acuerdo con el Ministerio Público, podría haber “graves consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.
Las Agremiaciones de las EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y algunas de estas Entidades han acudido a la Procuraduría y al Ministerio de Salud para advertir de la difícil situación financiera por la que atraviesan, lo cual impediría continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud.
Concretamente, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresando que, por cuenta de la “angustiosa” situación financiera que atraviesan, incluso, podrían dejar de funcionar a partir de septiembre, afectando a 13 millones de usuarios.
De acuerdo con las EPS, las causas de la crisis financiera son el pago inoportuno y la actual deuda por servicios no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que corresponden al Ministerio de Salud.
De la misma forma, han indicado que se ha hecho un cálculo insuficiente de la UPC, es decir de los recursos con los que se garantizan los servicios del Plan de Beneficios en Salud a que tienen derecho los usuarios.
El déficit financiero de las EPS obedece, entre otras causas, a fenómenos como la inflación, los cambios demográficos, la creciente inclusión de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios.
También han influido circunstancias como el aumento en la frecuencia de uso de los servicios ante la incertidumbre por la eventual reforma al sistema de salud, los efectos derivados del covid-19, las liquidaciones de EPS que generan traslados masivos de usuarios con mayores necesidades y la concentración asimétrica de cargas de enfermedad en algunas entidades promotoras de salud.
Ante esta situación, la Procuraduría le ha pedido de manera reiterada al gobierno nacional que, a través del Ministerio de Salud, se revise la metodología a través de la cual se define el monto de la UPC, así como los procesos administrativos de reconocimiento y pago de los servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación.
Especialmente, la Procuraduría le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, medidas urgentes para el pago de todas las deudas que se tengan con el sistema de salud para que las EPS puedan seguir garantizando la prestación de sus servicios.
Igualmente, la entidad ha instado al Gobierno a que salde las deudas pendientes adoptando las medidas necesarias para prevenir el colapso financiero del sistema, lo que se traduce inevitablemente en la afectación en la prestación de los servicios de salud de los colombianos.
“En el último requerimiento realizado el 22 de agosto de 2023, la Procuraduría solicitó informar entre otros aspectos, si la comisión asesora de beneficios, costos, tarifas y condiciones de operación del aseguramiento en salud se trató la aprobación de los presupuestos máximos para el segundo semestre de 2023 y Ajustes a presupuestos máximos 2022″, indicó la Procuraduría.
Pese a las alertas de las mismas EPS, el presidente Gustavo Petro asegura que “no es cierta” la crisis financiera de esas entidades.
“Han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga. Eso no es cierto. El Gobierno nacional decidió elevar el valor de Unidad de Capitación, base con que se paga a las EPS multiplicada por el número de sus afiliados. Este aumento fue del 16,2 % anual, muy por encima de la inflación anual, que está en el 11 % y sigue bajando”, dijo el mandatario.
El jefe de Estado afirmó que el “sistema de salud está financiado hasta final de año” y que en 2023 el sector salud recibió un incremento del 25 %. Además, cuestionó que pese al incremento en los recursos, existan casi 500.000 quejas de pacientes a punto de morir y que no son atendidos de manera idónea.
“A pesar de estos aumentos, hemos tenido 1.300.000 quejas, de las cuales 494.000 son súplicas de vida, es decir personas a punto de morir que las EPS no atienden correctamente y se dirigen a la Superintendencia para que actúe y salve sus vidas”, agregó.