Siguen las denuncias de los habitantes del municipio de La Plata, que pertenece al departamento del Huila, relacionadas con las alteraciones del orden público que ponen en riesgo sus vidas.
Frente a esta situación, desde la Defensoría del Pueblo emitieron una alerta sobre el desplazamiento masivo de cerca de 900 personas, después de los enfrentamientos armados en la zona y que generaron la muerte de la menor Ahilyn Salomé Mosquera Udsa, de casi cuatro años, cuando integrantes del Ejército adelantaban labores de patrullaje en la vereda Villa Esperanza, centro poblado de San Miguel, y los disidentes de las Farc abrieron fuego, generándose así una confrontación.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó que el desplazamiento se da exactamente sobre 867 personas, “tras los enfrentamientos en zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, que dejaron a una menor fallecida en el corregimiento San Miguel, en donde 242 familias de 14 veredas debieron desplazarse a la cabecera municipal por temor a que continúen las hostilidades”, afirmó.
Frente a esta situación, desde el Ejército Nacional indicaron que “las tropas fueron atacadas por sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes infringiendo las normas del derecho internacional humanitario y violando los derechos humanos, abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil”.
Al respecto, la Procuraduría General de la Nación rechazó de manera contundente lo sucedido y le hizo un fuerte llamado a las autoridades pertinentes, para que se avance rápidamente con las investigaciones del caso y, de esta forma, establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con la captura de los responsables.
“Este atroz delito sin duda alguna se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad, y demuestra una vez más cuál es la verdadera voluntad de paz de este grupo ilegal disidente, que ataca a la población civil de manera indiscriminada”, indicó la entidad.
Ahora, la Defensoría del Pueblo destacó como garante de los derechos humanos convocó una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional en el municipio, con el fin de que sea brindada atención integral y establecidas soluciones a largo plazo que permitan beneficiar a quienes fueron víctimas de desplazamiento.
De acuerdo con las cifras de desplazados revelada por la Defensoría, estas 242 familias las componen 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas, que llegaron al casco urbano del municipio de La Plata, donde la entidad adelanta una misión humanitaria para brindar atención especializada, de manera particular, a la población de San Miguel.
“Buscamos brindar atención especializada apoyando el proceso de toma de declaraciones a la población desplazada y haciendo verificación y seguimiento a la entrega de ayudas humanitarias de manera conjunta con la Personería municipal”, destacó Camargo Assis.
Frente a esta situación, el presidente Gustavo Petro lideró un Consejo de Seguridad. Al finalizar el mismo el mandatario indicó: “No es la prioridad el cese al fuego entre el Estado y la organización armada ilegal, sino que es fundamental antes que nada el cese de hostilidades entre ellos y la población civil, bajo las formas que vienen creciendo en el país, llámese extorsión, secuestro, confinamiento, desplazamientos forzados, etc.; este es un primer elemento que debe quedar claro”, dijo el mandatario.
Advirtió que la fuerza pública no abandona el territorio en ningún lugar del país, como se viene repitiendo en varios lugares del país. “No. La fuerza pública no abandona el territorio. Si llegamos a acuerdos definitivos, la fuerza pública sigue en el territorio”, aseveró Petro.
En La Plata, Huila, el presidente le pidió a la fuerza pública profundizar aún más la alianza con la población civil, en especial con el campesinado y consideró que lo que se busca es que la Fuerza Pública “pueda establecer una alianza concreta y permanente con el campesinado de Colombia, sobre la base de un mejor vivir del campesinado, de posibilitarle mejores ingresos al campesinado, de que la vida campesina y rural en Colombia pueda adquirir muchísima más dignidad y calidad que la que hoy tiene”.
En ese encuentro, funcionarios de la Defensoría del Pueblo pusieron en conocimiento de las autoridades cada uno de los escenarios de riesgo a los que se exponen los habitantes de la zona, y reiteraron tanto la importancia de que sean acatadas las recomendaciones de la Alerta Temprana 025 de 2022 como sus posteriores oficios de consumación, que constituyen una hoja de ruta para la debida actuación de los entes territoriales y nacionales.
La Defensoría del Pueblo destacó que buscan que sea brindada atención integral y se establezcan soluciones a largo plazo cuyas directas beneficiadas sean las comunidades víctimas del desplazamiento, evento forzado que comenzó desde el pasado 27 de julio, cuando hubo enfrentamientos entre hombres armados al mando de ‘Iván Mordisco’ y uniformados del Ejército.