Este jueves, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular que busca suspender provisionalmente a Alexander Vega Rocha de su cargo como registrador nacional del Estado Civil. En el auto se le da cinco días al organismo electoral para que emita su respectivo concepto frente a las pretensiones de la acción.

Los accionantes consideran que Vega Rocha incurrió en constantes y sistemáticas irregularidades durante los comicios del 13 de marzo en el que se iba a definir el Nuevo Congreso de la República y tres consultas internas de coaliciones para la elección de los candidatos presidenciales. Debido a esto se indica que con su actuar se afectó el derecho colectivo a la moralidad administrativa por lo que se reclama sea resarcido y se tomen las acciones para que no se repita nuevamente.

El abogado Germán Calderón España, que lidera la acción popular, reclamó que el papel del registrador dejó muchas dudas e inquietudes sobre la trasparencia de la recolección de datos electorales y la presentación de los resultados, generando un ambiente de zozobra en los electores, partidos políticos y comunidad en general.

En este punto se alega que con su actuar afectó la institucional y puso en riesgo “el fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad”. En otro de los apartes de la acción se reseñan varios informes periodísticos y publicaciones de dirigentes políticos que indican que Vega viajó a España para reunirse con directivos de la empresa INDA, “encargada de realizar los conteos electorales, además, uno de sus más cercanos servidores fue directivo de la misma y participó en el proceso de contratación, el cual, además fue adjudicado en forma directa, violándose la transparencia y la moralidad pública, principios constitucionales de la función pública y de la contratación estatal”.

Igualmente se cuestionó su improvisación a la hora de presentar la propuesta para que se realizara un reconteo, desconociendo por completo que esta labor la debía adelantar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por esto, y para evitar que esto se presente en la primera vuelta presidencial que se adelantará el 29 de mayo, los accionantes pidieron una medida cautelar para que Vega sea separado del cargo.

Por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso electoral la Procuraduría General le abrió una investigación preliminar a Vega. El organismo de control busca establecer si incurrió en una falla en “la selección y contratación estatal, una posible omisión de sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”.

- Extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

- Irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S. A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.

- Omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales.

- Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.

Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas, y en general, en los procesos de inscripción de cédulas.