Para el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no hay duda que Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19, condenado por tortura y secuestro, no puede ser gestor de paz ni quedar en libertad en el marco del decreto que firmó el Gobierno nacional, para convertir a algunos investigados en hechos criminales gestores de paz. Serán los jueces quienes tendrán la última palabra a la hora de ordenar las libertades, aseguró el jefe del ente acusador.
El fiscal aseguró que tuvo una reunión con los ministros del Interior y de Justicia para entender, en detalle, que contempla el decreto firmado por el Gobierno y con el que espera dejar en libertad a cientos de personas que fueron judicializadas por hechos criminales en el marco de las jornadas de protesta. Luego del encuentro, los delegados del Gobierno advirtieron que será potestad de los jueces definir esas libertades.
“Me imagino, en ese sentido, que esa recomendación tiene necesariamente que tener una solicitud ante los jueces de la República; es decir, los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas, en ese sentido creo que la Fiscalía lo que hace es estar pendiente de ese procedimiento”, señaló el fiscal Barbosa.
A pesar de la conversación con los ministros de Justicia y del Interior, el fiscal quedó con algunas dudas frente a la figura que abarca o cobijara a las personas que queden en libertad, si se convertirán en voceros o gestores, pero no es claro de qué o quién. Para el jefe del ente acusador hay muchos puntos que deben ser explicados al país.
“No entiendo bien la figura de gestor de paz que se habla dentro del decreto. Tocaría explicarle al país exactamente. Vocero de quién o de qué y el marco de qué proceso de paz. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno nacional. Conversé hoy con el ministro del Interior y el ministro de Justicia para que me explicaran en qué consistía esto, los dos me explicaron que es la justicia la encargada de dar la salida o no de esas personas”, añadió el fiscal.
El jefe del ente acusador reiteró lo que han dicho los jueces a través del presidente del Tribunal de Bogotá, que las personas procesadas y judicializadas por hechos criminales están allí con el material probatorio suficiente que demostró la necesidad de mantenerlos en una cárcel. No son detenidos ilegales, sino personas iniciadas o, como en el caso de alias 19, condenadas.
“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves, homicidios y haya sido condenado por la justicia. Los condenados por la justicia están condenados. Yo espero que la judicatura en el marco de su autonomía e independencia tome las decisiones correspondientes bajo el organismo jurídico”, insistió Barbosa.
Para el fiscal general es claro que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía tienen el soporte probatorio que permitió, ante los mismos jueces, demostrar la responsabilidad de las personas judicializadas en el marco de la protesta social, no por manifestarse, sino por cometer delitos tan graves como el homicidio, la tortura, el concierto para delinquir y los actos de terrorismo.
“Las investigaciones judiciales contra todas esas personas que cometen delitos graves como las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede la Fiscalía en Popayán, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía y le cumplimos al país; en eso creo que la tarea de la Fiscalía es seguir preservando el orden institucional”, señaló el fiscal.
Finalmente, Francisco Barbosa aseguró que seguirán adelante con las investigaciones, incluso de las personas que eventualmente queden en libertad, presentando ante los jueces el material probatorio con el objetivo de obtener las condenas correspondientes. El decreto del Gobierno no le impide a la Fiscalía mantener su actividad de investigación.