Luego de que fuentes venezolanas confirmaran a SEMANA la muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, abatido en la frontera con Colombia, vuelve a la memoria nacional la historia de décadas de vejámenes y violaciones en contra de los derechos humanos, cometidas por el mencionado guerrillero.
Iván Márquez, quien se había posesionado como el máximo líder de la Segunda Marquetalia, una organización resultante de las disidencias de las Farc, cargaba consigo un extenso prontuario de delitos que habitarán por siempre en el recuerdo de un país golpeado por la violencia.
Tras su participación como miembro del equipo negociador de la guerrilla de las FARC en el proceso adelantado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, volvió a armarse y se recluyó en la frontera colombiana para defender una causa que no veía realizada desde la propuesta contemplada por la administración de ese entonces.
“Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, afirmó en un video compartido después de conformar este grupo de excombatientes.
La vida delictiva del guerrillero que traicionó a la paz ha sido materia de investigación para la justicia colombiana, en ánimo de evaluar su presunta responsabilidad en un pliego de acusaciones en su contra.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación había anunciado que el ente había emprendido acciones judiciales por conductas atribuidas a Iván Márquez, acontecidas durante su participación como miembro y líder de la entonces guerrilla de las Farc.
“Los hechos que se le atribuyen fueron ejecutados por frentes que estuvieron a su cargo, y en estricto cumplimiento de los lineamientos y acciones habría fijado como coordinador del entonces bloque norocciental e integrante del secretariado de las extintas Farc. En ese sentido, su posible responsabilidad está definida por el rol criminal y jerarquía que ejerció en el grupo armado ilegal”, indicó el boletín enviado por la Fiscalía el pasado sábado 4 de junio.
En el listado de conductas delictivas de las que era presuntamente responsable el cabecilla de la Segunda Marquetalia, figuran crímenes de lesa humanidad como el secuestro, el reclutamiento ilícito, el homicidio y el desplazamiento.
“Los tres procesos se siguen de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). En todos, los fiscales reiteraron las órdenes de captura en contra de Iván Luciano Márquez Marín Arango por la condición de disidente y su decisión de permanecer en la clandestinidad”, añadieron desde la entidad.
Es preciso recordar que la militancia de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, en la organización guerrillera que eran las FARC comenzó desde su juventud, hacia la década de los 70s.
De acuerdo con la información recogida por la organización sin ánimo de lucro, InSight Crime, uno de los primeros acercamientos del líder guerrillero, quien por entonces era un adolescente, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue en 1977, como miembro del Movimiento Juventud Comunista Colombiana JUCO.
Según relata la entidad, años más tarde, se convertiría en un integrante más del grupo armado, bajo la figura de comisario político en el Frente 14, en el departamento de Caquetá, su lugar de nacimiento.
Conforme fue pasando el tiempo, alias Iván Márquez se fue ganando el reconocimiento entre los miembros de las FARC y construyéndose como una figura sólida dentro de la organización. Un objetivo que alcanzó durante la década de los 90, debido a su rol en el marco del conflicto en la zona del Urabá, en el noroeste del país, un episodio sanguinario de la historia de Colombia en el que se peleaba por el control de la zona por su ubicación estratégica.
En el prontuario de delitos reposa también su responsabilidad y liderazgo, según coinciden las autoridades nacionales e internacionales, del negocio de la droga de las Farc. Un negocio que siguió dirigiendo luego desde la conformación de la Segunda Marquetalia, el mismo que le habría costado la vida.
Un extenso prontuario
- La toma a la base militar Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que 28 militares murieron y 60 fueron secuestrados en agosto del 96
- La toma al cerro de Patascoy (Nariño), con saldo de 22 militares muertos, en diciembre del 97
- La incursión contra la base militar de El Billar (Caquetá), en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados, en marzo del 98.
- La toma a la estación de Policía de Mitú (Vaupés) en la que murieron 38 policías, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados, en noviembre del 98.
- La incursión al municipio de Miraflores (Guaviare) en agosto del 98, que provocó la muerte de 16 miembros de la fuerza pública, la de tres civiles, y el secuestro de 75 militares y 54 policías.
- El ataque al municipio Puerto Lleras (Meta) que ocasionó la muerte de diez civiles y 11 policías y el secuestro de 28 uniformados.
- La toma del municipio de Gigante (Huila), el 3 de diciembre de 1999, que cobró las vidas de tres civiles.
- El homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, el 16 de marzo de 2002 en Cali
- El secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en abril del 2002, y su posterior fusilamiento en cautiverio
- El secuestro y el posterior homicidio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry
- La muerte de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo del 2002
- El atentado al Club El Nogal que causó la muerte de 36 personas
- Los secuestros de los tres contratistas estadounidenses, de los dirigentes políticos Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Orlando Beltrán, Guillermo ‘la chiva’ Cortés.