La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, brindó información relevante sobre falsos positivos cometidos en el departamento del Meta y sobre victimización contra miembros del partido Unión Patriótica, durante su testimonio ante la JEP, en Estados Unidos.
“Úsuga también ratificó su testimonio dado ante la JEP en 2022, en el cual señaló vínculos de miembros de la fuerza pública, de políticos del nivel nacional y regional, y de terceros civiles con los grupos armados ilegales a los cuales perteneció”, indicó este jueves 11 de abril la JEP.
La toma de testimonio se llevó a cabo ante los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, los días 9, 10 y 11 de abril, en la Penitenciaria de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos.
De acuerdo con la JEP, la diligencia reservada se realizó con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el marco de los casos 03, subcaso Meta, que investiga falsos positivos, y el Caso 06, que investiga la victimización contra miembros de la Unión Patriótica.
La JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en el Caso 03 y el Caso 06, y de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito. “La magistratura pasará ahora a evaluar y analizar la información suministrada por Úsuga”, señaló.
La historia de alias Otoniel, el barón de la cocaína que escaló todos los peldaños del crimen
Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel, fue sentenciado a 45 años de prisión después de haberse declarado culpable de cargos de narcotráfico, según la sentencia que estuvo a cargo de la juez federal de distrito Dora Irizarry.
Contra quien en su momento estuvo al mando del Clan del Golfo, la Fiscalía pidió una condena no menor a los 45 años tras las rejas. La organización delictiva, de la cual fue jefe, ha sido considerada como una de las más fuertes junto al Cartel de Sinaloa, gestado por el mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
A finales de 2021, cuando fue capturado en las selvas del noroeste de Colombia en un operativo en el que participaron 500 militares y policías respaldados por agencias de Estados Unidos y el Reino Unido, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, lo comparó con Pablo Escobar.
En una corte de Nueva York, adonde llegó extraditado en mayo de 2022, reconoció haber enviado a Estados Unidos 96.800 kilos de cocaína.
En enero aceptó los cargos de empresa criminal continuada, conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, así como de conspiración marítima para tráfico de drogas. Su condena ocurre en momentos en que el negocio de la cocaína atraviesa una inédita crisis en Colombia por la sobreproducción y el cambio en los hábitos de consumo en Estados Unidos.
El que fuera líder del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como Clan del Golfo, esperaba que su admisión de culpabilidad le evitara un largo y costoso juicio. Y tal vez, un fallo más clemente de la jueza Dora Irizarry.
De origen campesino y señalado de abusar sexualmente de niñas, pasó de guerrillero de izquierda a paramilitar de extrema derecha, antes de consolidarse como capo de la cocaína.
Durante su reclusión, el robusto narcotraficante se quejó por las duras condiciones de aislamiento que le impedían hablar con su familia o recibir correspondencia.
En vísperas de su extradición, aseguró ante un tribunal que altos mandos militares estuvieron implicados en el tráfico de droga y salpicó a políticos que se favorecieron del control territorial que tenía. En represalia por su entrega, sus hombres desataron una ola de ataques en la que murió una treintena de policías.