El pasado 13 de mayo, en el popular Parque La Revolución de Buga, fueron asesinados tres jóvenes que se encontraban compartiendo en la zona cuando hombres armados que se movilizaban en motocicletas aparecieron en el lugar, identificaron su ‘objetivo’ y posteriormente les dispararon de forma indiscriminada.
Ahora, la Fiscalía logró probar la responsabilidad de dos personas en el brutal crimen. Por ello, alias Soldado y Chigua fueron capturados por estos asesinatos. Estos sujetos serían integrantes de la banda criminal Los LC.
Como Bryan Stivens Rodríguez, de 18 años; Germán Valdez Rodas, de 19, y Jean Pierbi Cardona, de 25, fueron identificados los tres jóvenes atacados. Al poco tiempo, la policía y varias ambulancias arribaron al lugar; enseguida, los heridos fueron trasladados hacia el hospital San José, donde fallecieron minutos después, hacia las 9:00 p. m. aproximadamente.
Las balas también alcanzaron a un joven de 16 años, quien fue ingresado al mismo centro médico, donde de inmediato fue intervenido quirúrgicamente.
El reporte indicó que esta masacre, al parecer, estaría relacionada con disputas por el control del territorio para la comercialización de estupefacientes. Por ello, “se designó un grupo especial, integrado por Policía judicial, inteligencia y articulado con la Fiscalía, para dar con los responsables de este hecho”, explicó en su momento el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante encargado de la Policía del Valle del Cauca.
A la cárcel, presuntos responsables de masacre en Buga
El 24 de enero de 2021, en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga, fueron asesinados cinco jóvenes que celebraban la culminación del año escolar. Un grupo armado llegó a la finca, sometió a las víctimas y les disparó de forma indiscriminada. Ahora, la Fiscalía logró probar la presunta responsabilidad de dos personas en el brutal crimen.
Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón, y John Jaime Ramírez, alias JJ, fueron los judicializados por este asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, formarían parte del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo y fueron los responsables de atacar a los jóvenes, incluso algunos menores de edad, que estaban en esa fiesta.
“La priorización de este tipo de hechos, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar a Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón, y a John Jaime Ramírez, alias JJ, como presuntos responsables del homicidio de cinco personas, entre ellos un menor de edad”, dijo la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero.
En audiencias concentradas, un fiscal especializado le presentó al juez de Control de Garantías el material probatorio y explicó por qué los ahora judicializados deben permanecer en un centro de reclusión. Su condición judicial es muy grave con los señalamientos de la Fiscalía. Los cargos fueron de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones agravado.
“El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió esclarecer el homicidio colectivo de cinco jóvenes asesinados la madrugada del 24 de enero de 2021 en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga, en el departamento del Valle del Cauca”, explicó la Fiscalía.
La crónica de este macabro asesinato quedó dibujada en la memoria del país: una finca de recreación que fue testigo de una masacre, los rastros de una guerra en los espacios donde los jóvenes estuvieron bailando durante la noche y las evidencias en video que dejaron las propias víctimas mientras celebraban su graduación. Nadie se explicaba la barbarie.
“Las investigaciones dan cuenta de que en la madrugada, y portando armas de fuego, los presuntos agresores llegaron a la finca y se habrían dirigido a la piscina y al jacuzzi donde departían los jóvenes; algunos de ellos eran adolescentes”, dijo la fiscal Obando al confirmar la nueva medida de aseguramiento a los dos presuntos responsables.
Hasta la vicefiscal Martha Mancera se sumó a la investigación. Viajó al lugar de los hechos y coordinó las verificaciones, al punto que fue posible identificar a los presuntos responsables y lograr su judicialización ante los jueces. Fueron meses de indagaciones, de testimonios y pruebas, las que llevaron a esclarecer el crimen.