En las redes sociales ha empezado a crecer la versión de que el gobierno y los congresistas de su coalición estarían impidiendo la realización de un debate promovido por el Polo Democrático sobre los mal llamados ‘falsos positivos’. Todo porque en tres oportunidades la Cámara de Representantes ha decido aplazar el debate. Su promotor, el representante Alirio Uribe, presentó la proposición para adelantar ese control político el mismo día de la instalación del nuevo Congreso, el pasado 20 de julio. Ese día fue aprobado ese debate. Quedó citado para el 15 de octubre, pero no se hizo. El miércoles pasado era la cita, pero la plenaria decidió ocuparse de la reelección de alcaldes. Uribe, quien es reconocido por haber sido miembro del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quizás la organización que más ha investigado el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y que incluso le ha ganado varios procesos judiciales al Ejército, es quien presentará la investigación. De hecho se ha creado mucha expectativa alrededor del debate. Sobre todo porque el propio Uribe ha anticipado algunas conclusiones. Por ejemplo, en un documento conocido por Semana.com, y publicado el pasado miércoles, se advierte que el congresista pediría la destitución de ocho generales, tres de ellos de la actual cúpula militar, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Esta afirmación generó una fuerte reacción del Ejército. El Comando de la institución, mediante un comunicado de seis puntos, descalificó las afirmaciones de Uribe. “Rechazamos categóricamente las afirmaciones calumniosas hechas por el representante Alirio Uribe, contra los Generales de la República y las Fuerzas Militares. Confiamos en la sapiencia, imparcialidad y objetividad de nuestra justicia colombiana. (…) No aceptamos los escritos que solo buscan deslegitimar la Institución, creando confusión y desinformación en la sociedad colombiana. (…) Para que se cuestione la responsabilidad penal de algún miembro de las Fuerzas Militares en violación a los Derechos Humanos, es necesario establecer que ha actuado contra la población civil de manera intencional, como parte de una organización criminal”. (Vea el comunicado completo) El Ejército también le dijo al representante Uribe que: “no existe, ni ha existido en el gobierno nacional o en las Fuerzas Militares una política, orden o instrucción, encaminada a promover ataques a la población civil”. “No soy enemigo del Ejército” Uribe, en diálogo con Semana.com, respondió al comunicado e hizo varias aclaraciones que han circulado en torno al debate. En primer término, dice que no puede afirmar que haya un saboteo por parte del gobierno para impedir el debate. Por el contrario, revela que la fecha de este se ha cuadrado con el ministro del Interior, Juan Carlos Pinzón, de quien asegura “es el más interesado” en el asunto. “No me atrevería a responsabilizar al ministro, me consta de su interés”. La primera vez que se aplazó fue porque el jefe de la cartera de Defensa tenía un viaje a África. Las otras dos veces fueron por responsabilidad exclusiva de la Cámara. Pero también aclara que su propósito no es hacerle un juicio al Ejército. “Lo que esperamos es que el debate tenga un impacto en varias líneas. Primero que el presidente Santos evalúe realmente si la actual cúpula militar es viable para la paz, si este tipo de generales deberían estar al comando del Ejército. Santos ya removió varios generales por muchos hechos, incluidos corrupción, el presidente podría tomar medidas frente a estos generales”. Uribe se refiere a los generales Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Armadas, y a Jaime Alfonso Lasprilla, comandante del Ejército. Según sus investigaciones, ellos comandaron las Brigadas en las que más se registraron casos de falsos positivos. El debate también pretende alertar sobre la ampliación del fuero militar que trasladaría 3.420 procesos por falsos positivos que hoy están en la justicia ordinaria a la justicia penal militar. “A este gobierno no le queda bien promover normas que garanticen impunidad frente a los militares”, dice el congresista. Y aclara: “No soy enemigo del Ejército. Por fortuna para el país el 98 por ciento del Ejército no ha incurrido en esas conductas, pero no se puede solidarizar con ese otro dos por ciento que ha cometido graves delitos contra los Derechos Humanos”. La polémica está servida, y de momento, todo está previsto para que la cita se realice el próximo 12 de noviembre. Será el tercer debate del Polo Democrático en la actual legislatura, y promete crear mucha controversia, pero quizás no como el del senador Iván Cepeda al expresidente Álvaro Uribe.