A pesar de que no lleva ni un día de haber entrado en vigencia, la Ley de seguridad ciudadana recibirá en las próximas horas su primera demanda.
La acción judicial fue anunciada por el abogado y candidato al Congreso del Pacto Histórico Alirio Uribe Muñoz, quien aseguró que acudirá a la Corte Constitucional. Este recurso, en caso de que el alto tribunal decida aceptar la demanda, podría provocar que, eventualmente, se suspenda la aplicación de la norma hasta que haya una decisión de fondo.
“Es una ley totalmente regresiva frente a la política criminal en Colombia y abiertamente inconstitucional. Por eso vamos a acudir ante la Corte Constitucional para que se revisen esta cantidad de artículos que podrían afectar el cumplimiento de los derechos humanos”, reveló Uribe Muñoz.
El abogado criticó especialmente el concepto de la legítima defensa privilegiada de la que habla esta nueva ley.
“Legítima defensa privilegiada: se presume también como legítima defensa que se ejerza para rechazar al extraño usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, indica la ley.
Para Uribe Muñoz, esta figura básicamente lo que demuestra es que “todo ciudadano cuando se le cometa un delito puede matar al delincuente. Esta es una norma que puede prestarse para muchísimos abusos”.
También criticó el hecho de que se cree un nuevo tipo penal por portar armas blancas en eventos masivos sin previamente tener preparado el sistema judicial y carcelario.
“Se van a llenar las cárceles, porque además se aumentan las penas en otros delitos sin tener un sistema carcelario para atender a la población que va a llegar por estas faltas”, apuntó el abogado y candidato al Congreso
La ley, según Uribe Muñoz, también afecta el derecho a la protesta, “porque se crean nuevos tipos penales con altas penas” por conductas relacionadas con la protesta.
La norma contempla, entre otros aspectos, un castigo penal más drástico para quienes cometan asesinatos en contra de integrantes de la Fuerza Pública y líderes de derechos humanos.
De acuerdo con lo establecido en la normativa, de ahora en adelante en Colombia, quien sea hallado culpable de cometer el delito de homicidio en contra de un uniformado de la Policía Nacional, podrá ser condenado a la máxima pena que contempla esa conducta, que supera los 58 años de prisión.
También se desprende de la ley la respectiva regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, al igual que la sostenibilidad del registro de identificación balística.
¿Qué establece la ley de seguridad ciudadana?
El Gobierno nacional detalló a profundidad los alcances que tendrá la aplicación de la nueva ley.
1. La reincidencia se paga; la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos.
2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.
3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
5. Se establece la legítima defensa privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.
6. Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural, quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
7. Los miembros de la fuerza pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.
8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.
10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.