El día después de que Estados Unidos metió a Cuba en la lista de los países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo lo siguiente: “En este momento, hay un espaldarazo del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque y la Cancillería de que estas personas sean entregadas a la justicia colombiana”. Ese ha sido un momento desafortunado de la diplomacia colombiana. Porque a pesar de que esa afirmación correspondía a la verdad, sacar pecho al reconocer que Colombia esté detrás de esa medida no deja bien al país.
La semana pasada, la Cancillería de Cuba mandó un comunicado para expresar su rechazo a las declaraciones de Ceballos y preguntar si se trataba de una posición personal del funcionario o si era la posición oficial del Gobierno de Colombia. Responder esa pregunta no va a resultar sencillo. Para el Gobierno, respaldar la sacada de pecho de Ceballos sería políticamente incorrecto, pero tampoco le queda fácil desautorizarlo. Decir que sí es un exabrupto y decir que no, una mentira. Aunque el tema se ha repetido una y otra vez, en esencia todo gira alrededor de si la bomba en la Escuela General Santander ameritaba desconocer los protocolos de rompimiento de las conversaciones con el ELN. Para el Gobierno de Colombia y para los colombianos, fue un acto de terrorismo. Pero como habían acordado que la negociación se iba a adelantar en medio de la guerra, los protocolos no excluían los actos de violencia. Tanto el Gobierno de Colombia como el de Cuba tienen argumentos jurídicos para defender sus posiciones. Para Cuba se trata simplemente de respetar lo pactado entre las dos partes del conflicto, avalado por los siete países garantes del proceso. Colombia invoca tratados internacionales como el Estatuto de Roma y principios de derecho internacional como el pacta sunt servanda para alegar que la bomba en la Escuela General Santander no fue un acto de guerra normal, sino un delito no amnistiable que obliga a cualquier Estado a perseguir a sus perpetradores. A esto le suman una frase contenida en la nota verbal que Cuba dirigió a Colombia para pedir una aclaración sobre las declaraciones del comisionado Ceballos. En esa nota, La Habana afirma: “Las autoridades cubanas expresamente establecieron como condición a la delegación del ELN que se atuviera única y exclusivamente al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”. Esa frase, que no estaba en ningún documento hasta el mes pasado, le ha dado pie al Gobierno colombiano para alegar que la bomba en la Escuela General Santander violó las reglas del juego acordadas entre el ELN y Cuba.
Como el derecho da para todo, las dos posiciones son defendibles. Cuba alega que Colombia le está cambiando las reglas del juego, y Colombia alega que el ELN las cambió. No obstante, queda claro que el problema de fondo no es jurídico sino político. Ante lo avanzado del enfrentamiento entre los dos países, ni Iván Duque ni Miguel Díaz Canel pueden echarse para atrás. Colombia ya no puede aplicar los protocolos, pues sería visto como un acto de debilidad o como el reconocimiento de un error. Cuba, por su parte, nunca ha contemplado la posibilidad de extraditar a los guerrilleros, no solo porque están ahí por petición de Colombia, sino porque hacerlo implicaría incumplir su palabra y desconocer lo pactado. Ante estas realidades políticas, Colombia habría podido solicitar la extradición de los negociadores del ELN, entendiendo que se trataba de un acto simbólico y una constancia sin posibilidad de cumplirse. Hasta ahí la cosa se entendería. Pero haber hecho lobby ante los Estados Unidos para perjudicar a Cuba deja la impresión de que alguien pensó que esa presión podía traducirse en que extraditaran a los guerrilleros.
Como para todos los entendidos esa pretensión es una insensatez, surge el interrogante de a quién se le ocurrió. Todo el que conoce la historia de Cuba sabe que el Gobierno de la isla, que no se ha dejado amedrentar por 12 presidentes de Estados Unidos durante 60 años, no va a ceder ante las exigencias de Claudia Blum y Miguel Ceballos. La petición simbólica de Colombia a Cuba, sin el lobbying ante Estados Unidos, hubiera sido entendida por el Gobierno de la isla y no se hubiera llegado a la antesala de un posible rompimiento diplomático.