Para el viernes de la semana pasada el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y los integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares, encabezados por el general Fernando Tapias, tenían programada una inspección a la Base Naval de Coveñas con el objeto de evaluar las acciones contrainsurgentes en el norte del país. Sin embargo, y a pesar de que la visita de los altos mandos a la Base Naval había sido confirmada, ninguno de ellos se hizo presente. Cuando los periodistas indagaron por las razones para la cancelación del viaje no obtuvieron respuestas concretas. Pocas horas después se sabrían los motivos por los cuales tanto el ministro Lloreda como los altos mandos militares no viajaron a la Costa Atlántica. La razón no fue otra que la decisión del presidente Andrés Pastrana de llamar a calificar servicios a dos de los más efectivos, pero a la vez controvertidos, generales del Ejército. Se trata de Rito Alejo del Río y Fernando Millán, quienes estaban desde hace algún tiempo en el ojo del huracán por supuestas relaciones con grupos de justicia privada, según algunos organismos de control. La intempestiva decisión del gobierno de sacar a los dos oficiales cayó como un baldado de agua fría dentro del estamento castrense, que por estos días se encontraba bastante motivado por los duros golpes propinados en los últimos meses a las organizaciones subversivas. Un alto oficial del Ejército le dijo a SEMANA que el Presidente de un solo plumazo había acabado con la motivación de la tropa. Aunque cuestionados por un sector de la opinión pública, tanto Del Río como Millán gozaban dentro del Ejército de un gran respeto puesto que se habían convertido en símbolos de la lucha contra la subversión. Los salientes¿Quiénes son estos dos oficiales que originaron la tormenta del viernes pasado en la que tuvo que intervenir el propio Ministro de Defensa para calmar los ánimos de un sector de la alta oficialidad que hasta último momento mostró su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo?Los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán a lo largo de su carrera fueron considerados de la línea dura del Ejército, de los que combatieron de frente a la subversión y por ello se ganaron el calificativo de troperos. Ambos estuvieron al mando de tropas en las zonas más conflictivas del país. Rito Alejo fue comandante de la XVI Brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Cuando el alto oficial llegó a esta zona del país la guerra entre paramilitares y guerrilla tenía en un fuego cruzado a la población civil y las masacres se habían convertido en pan de cada día. El trabajo desarrollado por el general permitió que a la vuelta de un año el Urabá recobrara su tranquilidad. Eso valió para que los pobladores lo bautizaran 'El pacificador de Urabá'. Pero su gestión fue muy criticada por la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien lo acusó de ser un promotor de grupos paramilitares, que actuaron por su propia ley y desencadenaron una ola de matanzas y de terror contra todas aquellas personas a quienes consideraban auxiliares de la guerrilla.Los señalamientos de Cuartas terminaron en la Procuraduría General de la Nación, donde se dio curso a una investigación disciplinaria para establecer si el general Rito Alejo del Río se había hecho el de la vista gorda con los grupos paramilitares. Fueron los propios habitantes del Urabá antioqueño quienes firmaron un memorial de desagravios para respaldar las actuaciones de quien consideraban su salvador, los que actuaron como defensores de Rito Alejo. En medio de la polémica y de las acusaciones el general Del Río fue nombrado comandante de la XIII Brigada con sede en Bogotá. Cuando desempeñaba ese cargo fue llamado, en abril del año pasado, por la Fiscalía General para que rindiera una versión libre sobre sus supuestos nexos con los grupos paramilitares. En ese entonces el coronel retirado Carlos Velásquez, quien se había desempeñado en Urabá como subalterno del general Del Río, acusó ante la alta comandancia a su ex jefe de promover los grupos paramilitares mientras estuvo al frente de la Brigada en Urabá. Pero no solamente Del Río estaba en la mira de los organismos de control colombianos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Americas Watch, también lo señalaron de promover fuerzas oscuras para combatir a la subversión. Por esa razón, cuando en octubre de 1998 el gobierno de Andrés Pastrana realizó los cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares, muchos creyeron que había llegado el final de la carrera de Rito Alejo del Río. Sin embargo no ocurrió así. El general fue llamado a dirigir la oficina de operaciones del Ejército, cargo que le permitió mantener un bajo perfil ante los medios de comunicación pero que en el interior del Ejército era de gran importancia por su cercanía con la tropa. El oficial estuvo ahí hasta el viernes pasado cuando el Presidente lo llamó a calificar servicios.El caso del general Millán es muy parecido al de su colega Del Río. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra este oficial por su presunta participación en la conformación de un grupo paramilitar que habría causado varias muertes en el municipio de Lebrija (Santander) entre marzo y noviembre de 1997.Sin embargo en noviembre de 1998 el Consejo de la Judicatura decidió que la investigación contra Millán no podía seguir en manos de la Fiscalía y que debía pasar a la justicia penal militar. Esta determinación generó un fuerte enfrentamiento entre el ente acusador y los altos mandos militares. Según las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Millán habría ayudado a crear una Convivir que posteriormente terminó convirtiéndose en una organización delictiva. Esa Convivir fue bautizada con el nombre de 'Las Coronas' y se organizó bajo una estructura militar que tenía el mando del sargento retirado Miguel Cañón.Las investigaciones de la Fiscalía permitieron la captura de nueve de los integrantes de ese grupo paramilitar y varios de ellos declararon bajo juramento que el general Millán los apoyaba y les asignaba trabajos específicos contra la subversión y la delincuencia común. Por esa razón la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a indagatoria al general Millán. No obstante, el Ejército alegó que los supuestos delitos cometidos Millán habían sido en servicio y por esa razón la investigación le correspondía a la justicia penal militar. En ese tire y afloje jurídico el Consejo de la Judicatura terminó por entregarle el proceso a los militares para que investigaran a Millán.El general Millán pasó de ser comandante de la V Brigada con sede en Bucaramanga a un cargo de bajo perfil y fue asignado como jefe del Departamento de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. En enero de este año fue relevado de su cargo para ser nombrado como director de la Escuela Superior de Guerra.Estos dos oficiales, que siempre estuvieron en la línea dura del combate, terminaron metidos en oficinas administrativas como una estrategia para bajarle la temperatura a las acusaciones que había contra ellos como presuntos patrocinadores de grupos paramilitares. No sólo un problema de 'timing'Por estas razones para nadie era un secreto que en cualquier momento estos dos oficiales, a pesar de tener en sus hojas de vida grandes reconocimientos en su lucha contra la subversión, tenían que salir más tarde que temprano del estamento militar. Las presiones ejercidas por el gobierno de Washington y las organizaciones de derechos humanos eran cada día más intensas y se hacían ya casi imposible mantenerlos dentro de las filas militares.El gobierno de Andrés Pastrana también tenía claro este tema. Desde comienzos de este año se preveía que en cualquier momento los generales Del Río y Millán serían llamados a calificar servicios. Lo que nadie esperaba era que esa decisión se cumpliera 24 horas después de las declaraciones del jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, quien le señaló a un grupo de congresistas y al alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, que había llegado la hora de rodear al Presidente porque estaba muy solo en el tema de la paz.Marulanda, que nunca llegó a la cita con el Presidente el 7 de enero, volvió a poner sobre el tapete el tema paramilitar y las supuestas relaciones con algunos oficiales del Ejército colombiano.Al igual que el desmonte de las Convivir, hace algunos días, el retiro de Rito Alejo del Río y de Fernando Millán fue interpretado por los propios militares y por la opinión pública como el cumplimiento de una exigencia de las Farc a Andrés Pastrana. Pero también hay quienes afirman que más que una exigencia de las Farc fue un ofrecimiento por parte del alto comisionado, Víctor G. Ricardo. Una vez más la estrategia del gobierno falló. No sólo no calculó el timing, sino que generó un alto malestar entre la cúpula del Ejército, que ha sido incondicional con el Presidente frente al proceso de paz. Los generales, que han aprendido en estos meses a apretar los dientes y a aceptar las decisiones del Ejecutivo para no torpedear el proceso, el viernes pasado estaban desconcertados por la manera como manejó el tema el jefe de Estado.En medio de esa indignación silenciosa los comandantes de brigadas también expresaron su inconformidad y preguntaron a la alta oficialidad _no sin evidente ironía_ si también ellos estarían en riguroso turno para ser llamados a calificar servicios si así lo exigiera el comandante de las Farc. Como símbolo de esa protesta los oficiales estuvieron hasta la media noche del viernes pasado acompañando en sus casas a los generales Del Río y Millán.Las voces de inconformidad también se dejaron escuchar cuando los militares conocieron que esta semana llegará a Colombia Harold Koc, subsecretario para Derechos Humanos del gobierno de Washington. Si se tiene en cuenta que uno de los temas de la agenda del funcionario estadounidense será el del paramilitarismo y su relación con algunos mandos militares, hay quienes piensan que el mejor trofeo que tiene el gobierno para ofrecerle es la cabeza de los generales. Pero las tensas relaciones entre el gobierno y la alta oficialidad podrían llegar a su máximo punto en los próximos días cuando 'Tirofijo' y el secretariado exijan el despeje de Cartagena del Chairá. Las Farc pretender convertir esa zona estratégica del país, donde están los principales cultivos de cocaína, en un plan piloto para la erradicación del cultivo manejado por sus propias filas de combatientes. Esa podría ser la gota que rebose la copa en las relaciones entre gobierno y militares. El caso UscáteguiCuando estaban en plena rueda de prensa el ministro Lloreda y el general Tapias explicando las razones por las cuales el gobierno había pedido la baja de los generales Del Río y Millán la alta oficialidad del Ejército se llevó otra sorpresa. El general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la II División del Ejército, resultó sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público había iniciado una investigación por una presunta omisión del alto oficial en julio de 1997 en la localidad de Mapiripán (Meta). En esa ocasión siete personas resultaron muertas y más de 40 desaparecieron en manos de grupos de autodefensa. Desde entonces la Procuraduría tomó el caso para establecer la posible responsabilidad del general Uscátegui.Pero más allá de la sanción impuesta por la Procuraduría, la indignación de los altos oficiales se debía a que la decisión la conocieron a través de los medios de comunicación y no por una notificación oficial por parte del Ministerio Público.Para un sector de la oficialidad lo ocurrido el viernes pasado no es una simple coincidencia. Hay quienes piensan que de lo que se trata es de un golpe bajo a las Fuerzas Militares en un momento en que, como nunca antes en el pasado, se empiezan a propinar acciones certeras contra la subversión.