El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, participó en la Cumbre de alcaldes capitales de la Región Caribe, realizada en la ciudad de Barranquilla el pasado 9 de junio, donde se habló de la prestación del servicio de energía eléctrica de parte de las empresas Air-e y Afinia.
La reunión fue motivada por las altas tarifas que asumen los hogares de las ciudades y departamentos del norte del país, que se constituyen como las más altas en el territorio nacional. En una ciudad como Riohacha, por ejemplo, un usuario paga en promedio 946,6 pesos por kilovatio; mientras tanto, un ciudadano en Bogotá, paga el mismo kilovatio por 638.56 pesos.
“El problema no es de generación, sino de distribución. Los ciudadanos terminamos pagando las llamadas ´pérdidas reconocidas´, que aumentan significativamente el valor de la tarifa. La situación es preocupante porque Riohacha está tratando de crecer en materia turística, industrial y empresarial, y con el aumento del valor del servicio de energía somos menos competitivos que otras zonas del país. Lo más preocupante es que tenemos un porcentaje de subnormalidad muy alto, pese a las inversiones de la empresa Aire”, señaló el alcalde de Riohacha.
Jaime Pumarejo, de Barranquilla; William Dau, de Cartagena; Carlos Ordosgoitia, de Montería; Andrés Gómez, de Sincelejo; José Ramiro Bermúdez, de Riohacha; y Mello Castro, de Valledupar, cuestionaron el papel del Gobierno nacional frente a la vigilancia de la prestación del servicio, lo que ha derivado no solo en altas tarifas, sino también en continuos cortes y suspensiones; por eso, emitieron una declaración conjunta, en la cual hacen un llamado al próximo presidente a asumir la financiación necesaria para que los precios regresen a los niveles normales.
“Una manera de llevarlo a cabo sería la creación de un Fondo Regional de estabilización de precios, con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos el acompañamiento del Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio”, proponen los alcaldes en el documento.
Finalmente, los seis mandatarios participantes coincidieron en que este tema es prioritario, puesto que está afectando de manera notable la economía, sobre todo de las familias de los estratos 1 y 2, que representan el 54,4 % de la población general, según el Dane; así como también el consumo residencial y la productividad económica de la costa.
“Necesitamos salidas legales, regulatorias y económicas para mitigar el impacto en el bolsillo y la calidad de vida del Caribe colombiano, porque resulta insostenible seguir cargando con los costos de la facturación de hoy y los que, a instancias del esquema aprobado, seguirán aumentando en los siguientes meses”, sentencia la declaración.