Este miércoles, tras muchos ires y venires, el presidente Gustavo Petro firmó la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz a los Estados Unidos. Esto después que el pasado 17 de agosto la Sala de Casación Penal diera luz verde al requerimiento hecho por una Corte Distrital de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, que lo requiere por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Córdoba, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, cuenta con 10 días hábiles tras la notificación de la decisión del Gobierno para presentar un recurso de reposición para oponerse a la decisión de extraditarlo. Este documento deberá ser estudiado por el jefe de Estado, quien debe definir si avala o no la extradición.
De negarse este recurso, la extradición quedará en firme. Por trámite, la Cancillería le enviará un oficio al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ponerle de presente las garantías del extraditado. Entre estas se encuentran la no imposición de la cadena perpetua, el no sometimiento a tratos inhumanos o crueles, y tendrá todas las condiciones dignas en la cárcel a la que será trasladado.
La tutela, el otro recurso
Igualmente, Córdoba podrá presentar una acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reclamando la protección de sus derechos fundamentales que considera que han sido vulnerados con la decisión de la justicia. Mientras se resuelve esta acción judicial Córdoba no podría ser extraditado.
Los cargos
Álvaro Córdoba Ruiz es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. En el indictment se reseña que en 2020, una fuente confidencial de las autoridades se hizo pasar por un narcotraficante mexicano que trabajaba con una organización dedicada al tráfico de drogas ilícitas a gran escala en Colombia.
En julio de ese año, en plena pandemia, la fuente participó en reuniones presenciales y grabó legalmente llamadas telefónicas y mensajes de texto con tres ciudadanos colombianos para facilitar la compra de grandes cantidades de cocaína en Colombia y Venezuela, y su posterior envío de la cocaína a México para su distribución final en los Estados Unidos.
En dicho encuentro grabado legalmente entre la fuente y los tres ciudadanos colombianos el 3 de septiembre de 2021, ellos hablaron sobre una fuente de suministro que podría producir hasta 8.000 kilogramos de cocaína cada cuatro meses, la pureza y el precio de la cocaína y la logística para utilizar la aeronave para transportar la cocaína a México.
También hablaron de los planes para proporcionar una muestra de cocaína de cinco kilogramos. El 17 de diciembre de 2021, los tres ciudadanos colombianos y la fuente se reunieron nuevamente. Durante esta reunión grabada legalmente, uno de los ciudadanos colombianos le dijo que había hablado directamente con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que le suministraban cocaína.
En ese sentido le dijeron que dicho grupo guerrillero tenían rutas y camiones que podían ser utilizados para transportar la cocaína, así como recursos en México. Se esperaba que las Farc brindaran protección armada a los envíos de cocaína. En respuesta a una pregunta de la CS sobre la seguridad de los envíos de cocaína, le dijeron a la fuente que el campamento de las Farc que estaría involucrado tenía al menos 300 hombres que estaban “armados hasta los dientes” y tenían armas que podían derribar aviones.
El indictment indica que Córdoba Ruiz fue uno de los tres colombianos que participaron en las reuniones. El 17 de diciembre de 2021, Córdoba y otro de los tres ciudadanos colombianos viajaron a una finca donde un hombre no identificado entregó a la fuente la muestra prevista de aproximadamente cinco kilogramos de cocaína. Ese mismo día un agente de las autoridades de aplicación de la ley encubierto que se hizo pasar por asociado le dio una bolsa con 15.000 dólares estadounidenses. La fuente contó el dinero con el mismo Córdoba y otro colombiano y se fue con la cocaína.