El rostro del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz era de cansancio y desconcierto. No era para menos. Pasó, en cuestión de días, de ser una de las personas más reconocidas y respetadas en el círculo político de la capital, a un capturado por la Fiscalía por distintos delitos derivados de irregularidades en la contratación de obras cuando fungió como empresario. En la tarde de este viernes Cruz fue presentado ante un juez que legalizó su captura. Luego, comenzó el proceso de imputación de cargos por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado. Al mismo tiempo, la Fiscalía le imputará cargos porque, como se supo este viernes, Cruz y su esposa, la reputada abogada Luz Zoraida Rozo, habrían hecho presuntas gestiones y entregaron una millonaria suma para que un procurador judicial y otras personas ligadas a la Fiscalía desviaran la investigación en contra del exmandatario. De hecho, la Fiscalía pidió la captura del representante del Ministerio Público Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, que -según el ente acusador- recibió 2.000 millones de pesos para tratar de incidir en los procesos contra Cruz. El funcionario será procesado por enriquecimiento ilícito de particular y cohecho. Semana.com conoció aspectos de esta investigación. Fuentes de la Fiscalía aseguran que a comienzos de esta semana, cuando Cruz adelantaba una especie de preacuerdo con la Fiscalía por sus pecados en la contratación de Bogotá, un fiscal le preguntó si él había pagado algún dinero para entorpecer la investigación en su contra. Cruz negó ese hecho y el fiscal le preguntó nuevamente. “Usted pagó 2.000 millones de pesos para ese objetivo”, a lo que Cruz contestó que no. El fiscal, con un arsenal de pruebas, entre ellas conversaciones telefónicas interceptadas, fue directo ante un juez para solicitar la orden de captura en contra de Cruz y del procurador Jovel. Los dos fueron llevados al complejo judicial de Paloquemao donde un juez escuchó la imputación de la Fiscalía. El ente acusador desplegó el arsenal de pruebas en contra de los exfuncionarios. Por el lado de la esposa de Cruz, la Fiscalía anunció que solicitará audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por el delito de cohecho. Pero Semana.com conoció que en un acto de humanidad, el ente acusador pedirá la casa por cárcel pues ella está enferma. La imputación El fiscal delegado ante la Corte, encargado del caso, Juan Vicente Valbuena, llegó esta tarde al juzgado de Paloquemao con una maleta donde llevaba las pruebas en contra de Cruz y del procurador Jovel Muñoz. El delegado de la Fiscalía dejó en evidencia que Cruz fue la cabeza de una "división criminal" para cometer actos de corrupción en contra de la Administración Pública. Según la Fiscalía, los hechos se registraron entre los meses de diciembre del 2009 y febrero del 2010. En ese tiempo Cruz habría entregado dinero a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad. La misión era clara: todos debían favorecer la ejecución de los contratos de la Unión Temporal Asfaltos, la cual fue adjudicataria del contrato 193 de 2009, por un valor total de 23.000 millones de pesos. Según el fiscal, los dineros entregados ascendieron a 800 millones de pesos. Dice la acusación que el exgobernador se apropió de mil millones de pesos. En cuanto al procurador Hernán Jovel Muñoz, la imputación en su contra reflejó un hecho bastante particular. Según el fiscal, él le ‘tumbó’ al exgobernador Álvaro Cruz la suma de 1.700 millones de pesos. Según la acusación, Muñoz recibió el dinero como pago del soborno por parte del exdirigente departamental para que contactara, con sus influencias, a fiscales que podrían frenar la investigación en su contra. Pero, al parecer, no hizo la gestión. "El procurador le manifestó a Álvaro Cruz que conocía a Augusto Ramírez Cuéllar, amigo del vicefiscal general, quien podría colaborar en el cierre de la investigación por el carrusel de la contratación. Para ello exigió 1.700 millones de pesos con los que incrementó su patrimonio, pero nunca pagó a los funcionarios que debían interceder en la investigación", señaló el fiscal del caso. En medio de la imputación, el fiscal dio a conocer que a ambos exfuncionarios les fueron incautados bienes adquiridos con dineros apropiados de manera ilegal. En el caso de Jovel, la Fiscalía tomó poder de un vehículo Minicooper, una camioneta Audi y un vehículo Hyundai Sedan. Entretanto, al exgobernador Cruz se le decomisó un apartamento en el sector de Santa Bárbara en Bogotá y el 50 % de cuatro locales comerciales ubicados en el centro de la capital. El exgobernador aceptó los cargos que le imputó el fiscal por cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza. Por su parte, el procurador negó su participación en los delitos que le endilgaron.