Un trino que escribió el expresidente Álvaro Uribe en torno a las supuestas actividades de las víctimas de los denominados falsos positivos le podría costar algo más que un reclamo. Las madres de jóvenes que fueron asesinados y posteriormente presentados como bajas guerrilleras durante el gobierno de Uribe están empeñadas en que el exmandatario se rectifique de unas declaraciones con las que lesionó la honra de sus hijos muertos. Es más, esta semana lo denunciaron ante la Corte Suprema. El 25 junio el hoy senador Uribe se reunió con algunas de las progenitoras de los jóvenes asesinados. Tras el encuentro, señaló que las madres admitieron que ellos no andaban en buenos pasos y dejó entrever que delinquían. “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”, se lee en el trino del expresidente que hoy le podría costar una nueva investigación. Estas mujeres consideran que esta declaración y otras pueden llevar a pensar a la sociedad que sus hijos murieron por participar de actividades ilegales. En su criterio, estas afirmaciones las revictimizan. De ahí su interés para que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y determine la responsabilidad del expresidente. “Él (Uribe) ha revictimizado a nuestros hijos como ha querido y los ha tratado de delincuentes. Nosotras, como madres, estamos aquí para defenderlos (…) tenemos que defender el buen nombre, pues no son unos delincuentes”, dijo a Semana.com María Sanabria, una de las madres de Soacha.     Por eso, ante la Corte Suprema y con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron una denuncia por injuria y calumnia que el alto tribunal tendrá que evaluar para determinar si abre o no investigación contra el exmandatario.   Los falsos positivos se conocieron tras el hallazgo en diferentes zonas del país de cuerpos de jóvenes presentados como bajas guerrilleras. Al ser identificados, resultaron ser muchachos desaparecidos que vivían en el municipio de Soacha, situado en el suroccidente de Bogotá. Un estudio del 2014 elaborado por la Universidad de la Sabana determinó que estas ejecuciones extrajudiciales se incrementaron el 154 % en los dos gobiernos de Uribe (2002 y 2010). Varios oficiales y suboficiales responden ante la justicia por estos hechos.