La compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, realizada por el fiscal Gabriel Jaimes contra el senador Iván Cepeda en el marco de la audiencia de preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvió a barajar el caso político-judicial más importante de los últimos tiempos.
El espinoso enfrentamiento Uribe-Cepeda, que completa nueve años en los tribunales con triunfos y derrotas para cada uno, se encuentra casi como en su origen: con el senador Cepeda denunciado ante la Corte. Testigos falsos, con múltiples versiones y beneficios penitenciarios inexplicables; visitas a exparamilitares en cárceles en Colombia y en Estados Unidos; el paso de los protagonistas, Uribe y Cepeda, en diferentes momentos del proceso de denunciantes a acusados; señalamientos a fiscales y magistrados de no actuar con transparencia; horas de grabaciones de polémicas interceptaciones; pruebas encontradas en computadores y celulares; un expresidente al que le dictaron medida de aseguramiento; y, de fondo, el choque de dos posiciones ideológicas radicalmente antagónicas han formado parte de este proceso.
El caso, que ha desfilado por el Congreso, pasando por la Corte Suprema de Justicia y hoy en manos de la Fiscalía, parecía que, por fin, iba a tener cierre con la solicitud de preclusión en favor del expresidente. A juicio del fiscal Jaimes, no había mérito para investigarlo y menos condenarlo por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Pero ahora, con la compulsa contra Cepeda, quien recibió la noticia con una irónica sonrisa, arranca un nuevo capítulo del enfrentamiento.
Será la Corte la que defina la situación jurídica del senador Cepeda. Sin embargo, penalistas consideran que, de abrirse un proceso formal, los cargos serían los mismos por los que el magistrado José Luis Barceló se abstuvo de investigarlo en 2018, cuando, por el contrario, abrió un proceso contra el expresidente Uribe. Se trata de falso testimonio, que otorga desde 6 hasta 12 años de cárcel; fraude procesal, desde uno hasta cinco; y calumnia, desde dos hasta seis años.
El argumento lo dio el fiscal Gabriel Jaimes al explicar que la compulsa de copias nace de las declaraciones que rindieron Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y otros exparamilitares, testigos contra el expresidente Uribe; en estas advierten que fue el senador (Cepeda) quien se acercó a ellos para ofrecerles, supuestamente, beneficios judiciales y hasta asilo en Europa a cambio de enlodar al exmandatario y a su hermano Santiago.Y es que la génesis de este proceso surgió, justamente, por una acusación similar del expresidente Uribe en 2014.
En ese momento, el senador Cepeda había citado a un debate de control político sobre el paramilitarismo, que, en principio, pretendió que fuera contra Uribe; pero las normas señalan que estos debates se le hacen al Gobierno, no a colegas en el Capitolio, así que lo denominó el debate sobre el paramilitarismo en Colombia. Mientras Cepeda enfilaba baterías contra Uribe en la plenaria del Senado, el expresidente cruzó la plaza de Bolívar, con carpeta en mano, y amplió una denuncia contra su antagonista en la Corte Suprema.
El proceso durmió el sueño de los justos hasta que, de forma sorpresiva, el magistrado Barceló decidió, en febrero de 2018, “abstenerse de abrir investigación contra Cepeda”. El caso dio un giro y terminó investigado Uribe. El exmandatario tuvo una tensa relación con Barceló, de quien aseguraba había ventilado ante periodistas que lo iba a meter a la cárcel. No sucedió así, pero bajo la tutela de este magistrado ocurrió una particular interceptación al celular de Uribe cuando, supuestamente, haciendo escuchas legales al teléfono del senador Nilton Córdoba, “por accidente” la línea interceptada era la de Uribe. Esas escuchas fueron declaradas legales por Barceló.
El camino en la Corte para Uribe fue espinoso y favorable a Cepeda. Fueron acogidos los testimonios del denominado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. Monsalve ha sostenido que el expresidente y su hermano Santiago fueron claves en la creación del bloque Metro de las AUC. Asimismo, ha dicho que Diego Cadena, exdefensor de Uribe, entre otros, lo buscaron para cambiar esa versión ofreciéndole prebendas.
Pero fue el magistrado César Reyes, quien heredó el caso cuando Barceló cumplió su periodo en la Corte, el que tomó la decisión que se convirtió en el punto de quiebre: la detención domiciliaria contra Uribe, cuyo ícono fue la foto del exmandatario que lo reseñaba como preso con el número 1087985. Un triunfo para Cepeda.Y es que si se buscara una analogía con el fútbol, Cepeda es local en la Corte, y Uribe, en la Fiscalía. Claramente, en la Corte Suprema el senador del Polo Democrático tenía la partida ganada. Pero ocurrió lo contrario cuando, luego de su detención, Uribe consideró que no contaba con garantías para un juicio justo, renunció a su cargo de senador y, sin fuero congresional, el caso pasó a investigación de la Fiscalía.
Allí fueron recaudadas 63 nuevas pruebas, entre estas, los computadores y las memorias USB de Monsalve, y testimonios que la Corte no recaudó, como el del exparamilitar Tuso Sierra, quien habló sobre las visitas de Cepeda y Piedad Córdoba a cárceles de Estados Unidos buscando testimonios contra el expresidente y su hermano Santiago, al tiempo que presentó documentos que probaban dichas acciones.
También fue escuchado el exparamilitar Carlos Eduardo López, alias Caliche, quien estaba buscando una retractación de Monsalve, y, abiertamente, dijo que había mentido, que Uribe no tenía nada que ver con esta gestión. Se suma el de la exfiscal Hilda Niño, quien denunció un complot del exfiscal Eduardo Montealegre contra el expresidente.
El caso que enfrenta a Cepeda y a Uribe se volvió a barajar y quedó así: el expresidente está pendiente de que se defina la solicitud de preclusión de su caso, en el que aún falta escuchar los argumentos de las víctimas en su contra. Cepeda, después de tres años de empujar el caso de Uribe en la Corte Suprema, será quien tendrá que esperar si en la misma Corte le abren proceso, con el agravante de que su caso no será estudiado por los magistrados que ya conocen el expediente, sino por conjueces.Después de nueve años, el pulso se mantiene y no cerrará pronto. Cepeda y Uribe no solo seguirán enfrentados en los tribunales, sino también en la arena política. Al final, ambos esperan las decisiones de la justicia.