El expresidente Álvaro Uribe le apostó a una salida judicial que generará debate: pedir el traslado de sus procesos penales a la justicia ordinaria. La solicitud la hizo su defensa ante la Corte Suprema, después de la renuncia del expresidente al senado. La decisión de si estos expedientes llegan a la Fiscalía la tomarán los mismos cinco magistrados que votaron a favor de la medida de aseguramiento de casa por cárcel. Exclusivo: Álvaro Uribe habla de su detención domiciliaria Por ahora, lo que se sabe es que son cinco los procesos que el exmandatario pidió remitir a la Fiscalía. Vea la transmisión de Semana Noticias
El primero es el de su caso por manipulación de testigos. La orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe está lejos de ser el veredicto final del caso. En realidad se trata de una medida provisional en una etapa intermedia del proceso. El expediente se inició en febrero de 2018 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema compulsó copias para investigar al expresidente. Esa fue la famosa decisión búmeran, pues llegó como resultado de la denuncia que Uribe había formulado contra Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Tal radicado invirtió los roles: Cepeda fue absuelto y pasó a ser víctima, mientras que Uribe pasó de denunciante a investigado. Los otros hechos en los que se investiga a Álvaro Uribe tienen que ver en su mayoría con acciones perpetradas por los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia hace casi dos décadas: las masacres del Aro, la granja y San Roque, y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Las masacres de la Granja y del Aro fueron perpetradas en el municipio de Ituango. En la primera cinco personas fueron asesinadas el 11 de junio de 1996. La segunda fue cometida contra 15 campesinos el 22 de octubre de 1997. En ambos hechos delictivos, la justicia demostró la responsabilidad de grupos de autodefensas. El Tribunal Superior de Medellín compulsó copias contra el expresidente Álvaro Uribe para que se investigara su posible participación por esos hechos. Asimismo, en el año 2018 ambos crímenes fueron declarados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia que actualmente se encuentra adelantando una investigación preliminar sobre lo que sucedió en ese municipio. Estados Unidos pidió que el expresidente Álvaro Uribe se defienda en libertad El expresidente respondió a esa compulsa de copias, en ese momento, desde su cuenta de Twitter. “Según el Tribunal Prevaricador yo delinquí como Presidente por haber ordenado el desalojo de los criminales de la Comuna 13 de Medellín (…) Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz: nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias”, trinó. “Tribunal Prevaricador de Medellín, no me ha investigado pero me condena y en vísperas electorales”, agregó.
Por su parte, el homicidio de Jesús María Valle, se presentó el 27 de febrero de 1998 cuando dos hombres y una mujer llegaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon dos balazos. Valle era un conocido defensor de derechos humanos que había denunciado las acciones de los paramilitares en Antioquia y especialmente en Ituango. Luego de varios años de proceso finalmente se condenó a los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio como determinadores del asesinato. La sentencia fue apelada y el 24 de noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión y ordenó investigar al ex gobernador Álvaro Uribe. "Miente el Tribunal: para la fecha del asesinato del Dr. Jesús María Valle yo ya estaba en la Universidad de Oxford", dijo el expresidente al conocer en ese momento la compulsa de copias. La masacre de San Roque, ocurrida el 13 de junio de 1996, y en la que asesinaron a cuatro personas, también fue declarada como crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema.