"No me atreví a salir del Pacto de Bogotá": Uribe

Este jueves el Gobierno tomó las primeras medidas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para estudiar las demandas presentadas por Nicaragua.El presidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia "no seguirá compareciendo ante la Corte de La Haya" y que, como lo indican las normas del Derecho Internacional, buscará una negociación directa con el país centroamericano.La decisión de Santos causó revuelo y ha generado diversas opiniones. Uno de los que más se han pronunciado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien apoyó, sin titubeo alguno y pese a ser el más acérrimo opositor político del Gobierno, la decisión del mandatario.En entrevista con Blu Radio, el senador coincidió en que se debe negar toda competencia al tribunal internacional, se refirió a la decisión que tomó Santos en el 2012 de retirarse del Pacto de Bogotá y argumentó por qué en su Gobierno no se retiró del tratado.“El gobierno del presidente Andrés Pastrana se había retirado del estatuto de la Corte, pero en Colombia había la tesis de que había que respetar los compromisos internacionales. Y el Pacto de Bogotá se trataba como algo sacrosanto. No nos retiramos del Pacto de Bogotá por esa razón política”, manifestó.Pero desde el 2012 Álvaro Uribe cambió de parecer porque, según dijo, la tradición jurídica de Colombia fue “defraudada”.“Todavía en el 2007, había un sector del país que recibió muy bien la decisión de la Corte de reafirmar que San Andrés era de Colombia. En el 2012 la tradición jurídica de Colombia fue irrespetada”, subrayó.Uribe aseguró que desde cuando se conoció la sentencia de la CIJ del 2012, en la que la Corte fijó los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, ha sido contundente en afirmar que el país debe desconocer los fallos de ese organismo.“Cuando llegamos al Senado en el 2014, dijimos que el Gobierno ni siquiera debería presentar las excepciones preliminares”, dijo. Y agregó que no se trata de defender una “soberanía caprichosa”, sino la defensa de una “soberanía basada en títulos de la Corona española”.