Juan Manuel Santos lleva meses, incluso años, tratando de acercar a los más acérrimos detractores al proceso de paz. Su antecesor Álvaro Uribe encarna esa férrea oposición. En repetidas ocasiones el presidente lo ha invitado a dialogar, pero a la vez lo ataca con sus congresistas afines y en público hasta lo ha llamado “fascista” y “mentiroso”. Pero hasta ahora no ha conseguido un pleno consenso alrededor de la paz y, por si fuera poco, un diálogo con la oposición se vislumbra cada vez más lejano. Pero ahora, cuando el país respira un ambiente de profunda polarización, la propuesta del expresidente César Gaviria de una “justicia transicional para todos”, no sólo para los combatientes, emerge como la idea más pragmática para poner punto final a más de 50 años de conflicto armado interno, pero también como una jugada política para llegar a ese consenso nacional en torno a la paz y acercar a los opositores al proceso que el Gobierno adelanta con las FARC en Cuba. La pregunta es: ¿Logrará César Gaviria con esta iniciativa subir al bus de la paz a Uribe, en particular, y al Centro Democrático, en general? Palabras más, palabras menos lo que Gaviria propone es que los beneficios de la justicia transicional no sólo se apliquen a guerrilleros, militares y paramilitares, sino también a empresarios, políticos, jueces y agentes del Estado que, de alguna manera, o fueron cómplices o promovieron fenómenos como el paramilitarismo o las propias guerrillas: “Durante más de cinco décadas de conflicto, miembros de la sociedad civil de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación con el fin de adelantar su tarea proselitista”, sostiene el expresidente. Gaviria también propone que los no combatientes reciban indulto a cambio de que reconozcan los delitos cometidos, que pidan perdón y manifiesten su voluntad de reparar a las víctimas. Y que la tesis de los máximos responsables, consignada en el marco para la paz (que elevó a rango constitucional la justicia transicional) se aplique de manera restringida a coroneles y generales y que se limite “a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”. La idea de Gaviria no es nueva. Un debate similar se produjo hace más de seis años, cuando empezaron a ser capturados congresistas por su alianza con los paramilitares. Varios de estos políticos se expusieron a penas de prisión muy superiores a los de los jefes paramilitares (ocho años de cárcel a los que se cobijaron con la ley de justicia y paz pese a que fueron autores de las más abominables masacres). También se ha producido en la eterna discusión respecto a la condena del coronel Alfonso Plazas Vega (r), por la retoma al Palacio de Justicia, mientras los guerrilleros del M-19 fueron indultados. Pese a ello, esta tesis nunca ha prosperado. Pero, como lo advierte el jefe del Partido Liberal, Horacio Serpa, la propuesta de Gaviria no pudo haberse producido “en un momento más oportuno”. Y es que con la idea de justicia transicional para todos, Gaviria, probablemente, le quita a Uribe gran parte de sus argumentos en contra del proceso de paz. De hecho, no deja de ser relevante que Uribe, uno de los más activos tuiteros del país, haya mantenido prudente silencio a la propuesta. Por lo menos han pasado más de 24 horas y no la ha descalificado. Y aunque al interior de su partido haya senadores como Ernesto Macías y José Obdulio Gaviria, que la rechacen (probablemente por provenir de Gaviria), dirigentes como Carlos Holmes Trujillo se muestran dispuestos a dar el debate. La propuesta no es de hoy, ni siquiera en la cabeza del expresidente liberal. Semana.com supo que Gaviria ya la tenía meditada desde el pasado mes de octubre. En principio se la confió a los más cercanos de su círculo. Muchos de ellos quedaron perplejos. “Es un sapo inmenso”, dijeron algunos. Pese a ello, y desde entonces, empezó a socializarla. El gobierno Santos la conocía. Pero también Uribe. En estos meses Gaviria se la confió a amigos cercanos del hoy senador del Centro Democrático, muchos de ellos empresarios que han sido los primeros en salir a respaldar esta propuesta. Pero como el Gobierno ha sido prudente y cauteloso frente a esta idea, el expresidente consideró que este era el momento oportuno para ponerla sobre la mesa. La idea, en buena parte, tuvo impacto por el hecho de ser Gaviria el que la hizo pública. El expresidente confesó a Semana.com que salió de sus entrañas y que su único propósito era que la generación de sus nietos pudiera ser la primera en vivir en un país en paz. Un elemento fundamental de esta propuesta es que proviene de una persona que también ha sido víctima del conflicto. El expresidente sufrió el secuestro de uno de sus hermanos, Juan Carlos, en abril de 1996. Y diez años después el homicidio de su hermana Liliana en Dosquebradas (Risaralda), en un atentado que la justicia colombiana ha responsabilizado a la columna Teófilo Forero de las FARC. En buena parte el éxito del proceso de paz se concentra, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, en dónde se traza la línea divisoria entre la justicia y la paz, y a quien al sector de la sociedad al que le corresponde trazarla, en buena parte, es precisamente a las víctimas del conflicto. Además, con la idea de “justicia transicional para todos”, Gaviria le quita a Uribe parte de su respaldo. Si Uribe ha cabalgado en el argumento que los militares no pueden ser igualados con el terrorismo, ahora son los propios militares los que saludan la propuesta. Para empresarios y ganaderos que probablemente temen terminar empapelados no dejará de ser seductora. De hecho, hay quienes piensan que esta idea le convendría, por ejemplo, al hermano de Uribe, Santiago Uribe, quien lleva más de una década respondiendo a señalamientos de su presunta responsabilidad en la conformación de un grupo de paramilitares denominado ‘Los doce apóstoles’, al que se le atribuyen varios homicidios en la zona de Yarumal (Antioquia). O a dirigentes políticos como Luis Alfredo Ramos, quien llegó a ser la carta presidencial de Uribe y quien afronta un juicio por haberse reunido con paramilitares. Por eso, más allá de invitaciones a dialogar, la propuesta de Gaviria, tal como coinciden políticos de todos los sectores, puede ser la más eficaz para sumar a Uribe al bando de la paz. La discusión que se anticipa será alrededor de los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano. El Estatuto de Roma, que entró en plena vigencia en el país desde la Constitución del 91, prohíbe cualquier legislación de perdón y olvido o de punto final. El uribismo podría cabalgar sobre este argumento para oponerse. Sin embargo, Gaviria, en su artículo publicado en El Tiempo del pasado domingo, dejó entrever que su propuesta tendría respaldo en la comunidad internacional: “Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la comunidad internacional, puede esperar que surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la Guerra Fría”. El debate está abierto, incluso Gaviria propone que sea el pueblo el que se pronuncie. Su tesis, como se lo confesó a Semana.com, es algo mockusiana: “Todos ponemos y todos ganamos. Paz o paz”.