La Defensoría del Pueblo advirtió que el Frente Primero Carolina Ramírez y el Frente Primero Armando Ríos, ambos pertenecientes al Estado Central Mayor de las disidencias de las Farc tienen presencia de Vaupés y Amazonas y están amenazando a las comunidades indígenas, por lo que lanzó una alerta temprana para que las organizaciones correspondientes tomen medidas oportunas antes de que la problemática aumente y se vulneren los derechos de los pobladores de la zona.
Por la región fronteriza el organismo de control advierte que hay crímenes transnacionales. Entre Los grupos ilegales organizados brasileños que tendrían relacionamiento con las disidencias de las Farc están Comando Vermelho y Primer Comando Capital. En el documento emitido la Defensoría del Pueblo se explica que entre los grupos ilegales tienen control del tráfico de sustancias estupefacientes y de materiales provenientes de la explotación de la minera ilegal.
Este martes 23 de mayo se adelanta en Leticia la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (CIPRAT), para revisar con la institucionalidad del Estado las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo con el fin de mitigar el riesgo para las comunidades y desde allí se hizo la respectiva denuncia.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis enfatizó en que “No nos podemos olvidar de departamentos tan importantes como Vaupés y Amazonas, en donde la violencia contra las comunidades se mantiene y ha originado en los últimos meses el reclutamiento forzado de 17 menores de edad; asesinatos de consumidores de drogas ilegales; amenazas; desplazamientos forzados, y extorsiones”. Tales delitos denunciados los estaría cometiendo el frente primero del llamado Estado Central Mayor de las disidencias de las Farc”, explicó.
El mayor riesgo se estaría presentando la franja fronteriza bidepartamental Vaupés - Amazonas, existente entre el municipio de Taraira (Vaupés) y el área no municipalizada de La Pedrera, zona del Resguardo Yaigoje Apaporis, tanto como para el resto del Eje Caquetá en el departamento del Amazonas (áreas no municipalizadas de La Victoria, Mirití Parana y Puerto Santander), según información recolectada por los defensores de la región.
“Precisamente por ser comunidades que se encuentran dispersas en el territorio y alejadas del centralismo colombiano, hay que aumentar los esfuerzos para protegerlas ante los patrullajes de las disidencias de las Farc, que además imponen restricciones a la movilidad y pautas de comportamiento y conducta, dejando una afectación humanitaria contra la población que integra, sobre todo, el Resguardo Yaigojé Apaporis y los restantes Resguardos Indígenas que componen el ‘Eje Caquetá’”, explicó Camargo Assis.
Uno de los hechos que describe la entidad es el que ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando “pobladores indígenas de las comunidades de Puerto Cedro y Centro Providencia (Amazonas), y de Bocas de Uga (Vaupés) se desplazaron forzadamente al municipio de Taraira, señalando la ocurrencia de diversos hechos de violencia y particularmente una serie de homicidios con alto grado de sevicia en perjuicio de un número indeterminado de jóvenes indígenas acusados de consumir sustancias estupefacientes”, según se lee.
El desplazamiento habría tenido su origen el 24 de marzo con la incursión de hombres armados y con camuflado, presuntamente pertenecientes al Frente Primero, en la comunidad de Puerto Cedro. Estos habrían extraído a algunos jóvenes indígenas acusados de ser consumidores de sustancias psicoactivas, procediendo a torturarles y luego a asesinarles con arma de fuego o por desmembramiento.
Debido a esto, desde Bocas de Uga de la etnia Yujup se dio un desplazamiento forzado de 37 personas; de otras nueve desde Puerto Cedro; dos se marcharon de Centro Providencia y una de Caño Laurel. Dentro de esta población hay un total de 16 niños.
En la Alerta Temprana de Inminencia enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se indica el interés manifestado por las disidencias de las Farc de reclutar niños, niñas y adolescentes para su operación armada o para que trabajen como transportadores de cocaína hasta Brasil, en las comunidades asentadas por los ríos Apaporis, Mirití y Caquetá, tanto como en las áreas no municipalizadas de Puerto Santander, Mirití Paraná y La Pedrera (Amazonas).
Respecto de estas áreas se han registrado 17 casos de reclutamiento de menores de edad, de los cuales al menos 10 se han presentado a lo largo del 2023.
“Estos hechos están impactando de manera grave y diferencial el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afectando los ejercicios de autodeterminación, autonomía o libre determinación, identidad cultural y derecho al territorio. Por todo esto, hemos exhortado a las principales autoridades nacionales a implementar medidas rápidas, adecuadas y oportunas para la gestión integral del riesgo bajo una perspectiva de derechos humanos; Derecho Internacional Humanitario (DIH), y de seguridad integral para evitar nuevos riesgos”, concluyó el Defensor del Pueblo.