Acaban de ocurrir varios episodios contundentes que derrumbaron al cuestionado y poderoso senador liberal Mario Castaño y a su organización criminal, que se encargó de cooptar decenas de millonarios contratos públicos para quedarse con ese dinero. El lío para Castaño involucra a dos mujeres, si se quiere un triángulo amoroso y corrupto: su esposa y su novia. Además, ya está firmado el preacuerdo con el que dos testigos clave, la lobista Nova Lorena Cañón y el contratista Santiago Castaño, prometen desnudar la red.
Primero fue capturada la persona más cercana y de entera confianza para Castaño, su novia, Daniela Ospina Loaiza. Ahora, en el radar de la justicia entró su esposa, Gloria Lucía Betancur, a quien le habrían encontrado más de 25 bienes que superarían los 13.000 millones de pesos. Una cifra que, por sus ingresos, resulta imposible de justificar. En medio del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción pidió investigarla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que podría llevarla a una pronta imputación de cargos.
Los bienes a nombre de Betancur y Castaño, a los cuales ya se les está aplicando extinción de dominio, se encuentran ubicados en Medellín, Antioquia, Risaralda, Caldas y Bolívar. Son fincas, casas, lotes, vehículos y apartamentos, entre ellos uno ubicado en un lujoso sector de Cartagena.
A su otra pareja, Daniela Ospina Loaiza, Castaño la quería cerca. Tanto fue así que le consiguió un contrato en el Congreso por 20 millones de pesos mensuales, con una particularidad: no trabajaba, pasaba un reporte chimbo y así facturaba.
Entre su novia y su exesposa fluctúa el principal dolor de cabeza para Castaño. Si alguna de las dos levanta la mano para buscar colaboración con la justicia, se derrumbaría de una vez por todas el imperio criminal, pues nadie sabe como ellas los más íntimos secretos del senador.
Por si fuera poco, en la Corte Suprema acaban de abrir investigación contra la representante a la Cámara Sandra Aristizábal, quien fue la fórmula al Congreso de Castaño. El tema son los millonarios contratos en Telecafé, donde ella fue directora hasta que se lanzó a la política de la mano de Castaño. Un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte ya le pidió información al canal. Lo mismo hizo la Fiscalía, que realizó un registro de los jugosos contratos.
Más testigos
El segundo hecho demoledor es el respaldo que les dio un juez a dos de las personas de confianza de Castaño. Ellos pasaron a ser testigos contra la red de corrupción, que ya supera, en contratos manejados de forma irregular, los 110.000 millones de pesos.
Uno de ellos es otra mujer, la lobista Nova Lorena Cañón, a quien desde su captura intentaron callar. De hecho, es la que acaba de firmar un preacuerdo, junto con el contratista Santiago Castaño, para quedar en libertad a cambio de contar todo lo que sabe de este pacto criminal.
Según se conoció, a las instalaciones del antiguo DAS, donde fue recluida inicialmente, llegaron mensajes para que no hablara, “que su problema lo arreglaban”.
De las palabras pasaron a los hechos. Cuando fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, manos oscuras le dieron una jugosa suma de dinero a una reclusa, jefa de uno de los patios, para que la presionara, asediara, acosara y, como dicen en prisión, la convirtiera en su compañera a fin de controlarla. Tuvo que ser cambiada de patio.
Otro protagonista de primera línea es el prófugo Juan Carlos Martínez, conocido como el “hombre del maletín”, oscuro personaje considerado la mano derecha de Castaño. “Era la persona del billete”, a quien también le dieron un contrato en el Senado por no hacer nada y ahora estaría dispuesto a hablar.
Sin embargo, llama la atención una petición tan absurda como inusual. Martínez ha manifestado que colaborará, pero que no se entregará a la Justicia por temor. Plantea que sus testimonios o encuentros con los fiscales sean de manera virtual. Ha anunciado que estará dispuesto a contar lo que aún no ha emergido de este escándalo.
El principio de oportunidad
SEMANA tiene en su poder el explosivo principio de oportunidad, firmado por la vicefiscal Martha Mancera. Se detalla cómo Cañón y Santiago Castaño se comprometen con la justicia a hablar en contra de 21 personas que formaban parte de la red delictiva del corrupto senador Castaño,hoy tras las rejas.
El cerco se cerró tanto que el senador, quien al principio alegó y hasta manoteó reclamando inocencia y ser víctima de una persecución política, terminó acorralado y no tuvo más remedio que aceptar cargos y someterse a una condena anticipada.
SEMANA revela en exclusiva el documento de 21 páginas, que se convierte en la columna vertebral de la acusación y condena que tendrá que afrontar Castaño y su red. Según este escrito, Cañón, quien acaba de recuperar la libertad por su efectiva colaboración con la justicia, se comprometió a echar al agua directamente a ocho personas de la red. El primero de esa lista, Mario Castaño.
Sobre él, de acuerdo con el preacuerdo, contará que “ofreció porcentajes del valor total de los contratos que se lograrán adjudicar, para proyectos como Sacúdete al Parque del Ministerio del Interior, ambulancias y convenios con el Ministerio de Cultura, para la Escuela Taller de Caldas (...) coordinó la entrega de dineros como contraprestación de gestiones ante entidades del orden nacional y local. Participó en reuniones en las que se impartieron instrucciones y las labores que debía desarrollar y la contraprestación correspondiente”.
El otro testigo clave, ahora también en libertad, Santiago Castaño, quien conoció al dedillo el manejo articulado de la contratación y cómo se distribuyeron los montos y las coimas para quedarse con estas millonarias obras, también puso en el primer renglón a Castaño.
“Cuenta con dos obras privadas en Manizales, Caldas, se adelantaron con dineros provenientes de contratos de obras públicas. Ofreció porcentajes del valor total de los contratos que se lograrán adjudicar (...) Testigo directo de las manifestaciones que hizo Juan Carlos Martínez respecto de la participación económica que recibiría el Senador”, señala el documento.
Es justamente Martínez, el “hombre del maletín”, quien está prófugo de la justicia, hacia donde también enfilan baterías Cañón y Castaño. En este episodio empiezan a aparecer involucrados los alcaldes que fueron cooptados, así como los tentáculos en los ministerios de Interior, Cultura y Deporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Las acusaciones son claras: “Estableció los porcentajes que se deben pagar a cambio de la adjudicación irregular de los contratos. Sostuvo comunicaciones y reuniones con alcaldes para acordar el direccionamiento de proyectos. Recibió información de funcionarios públicos sobre la radicación y el estado de los proyectos”.
Y el último señalamiento directo es que “se encargó de conseguir el contratista para la ejecución de obras privadas del senador Mario Castaño. Indicó cuál debía ser el manejo de anticipos de las obras en donde contratistas del grupo habían resultado adjudicatarios. Recibió dineros por la intermediación irregular en contratos. Es asistente del senador Mario Castaño”.
Nova Lorena Cañón también señaló a Martínez como el segundo en importancia en la red corrupta. De él dijo que “entregó dinero como contraprestación de gestiones ante las entidades para la adjudicación de contratos de forma irregular. Coordinaba las reuniones entre los mandatarios locales, Lorena Cañón y Pablo Gómez (particular)”.
La investigación y colaboración está encadenada con sus protagonistas. El siguiente es Pablo Gómez, a quien señala de cobrar y recibir dineros de los jugosos contratos y, además, de participar de las reuniones del senador con alcaldes.
Aunque en las investigaciones se buscaba la participación de servidores públicos, solo hasta este principio de oportunidad se aterriza la complicidad de un asesor del Ministerio del Interior. Se trata de Paul Salamanca, quien, según el contundente documento, “solicitó el 3 % del valor del contrato para ayudar a aprobar y viabilizar los proyectos de Sacúdete al Parque del ministerio”. Esto está en verificación de las autoridades.
La lobista “aporta fotos del listado enviado por Salamanca, respecto de los cuales se pretende la obtención de una utilidad indebida”. Los montos dejan ver el tamaño de la corrupción, y en este relaciona a otras entidades como el Ministerio de Hacienda y Fontur.
También es señalado James Peña, director de la Escuela Taller de Caldas, de quien dice: “Entregó 300 millones de pesos a Lorena y a Pablo por las gestiones adelantadas ante los ministerios de Hacienda y Cultura, también el pago por concepto del lobby ante Fontur por un proyecto de gastronomía”.