La decisión de la comisión primera de la Cámara de ampliar por dos años el periodo a los actuales alcaldes y gobernadores ha sido muy cuestionada desde el punto de vista político. Como los colombianos eligieron a sus gobernantes para un periodo de cuatro años, cambiar las reglas de juego a un año de las elecciones es una idea que ha sido calificada como un “manoseo” a la democracia y una trampa al ciudadano. En el Congreso se han enfrentado todo tipo de posturas. Para quienes están en el poder en las capitales y los departamentos, la idea no deja de ser un ‘papayazo’ para atornillarse dos años y medio más en el poder. Lógicamente a los partidos que hoy no tienen alcaldías ni gobernaciones la propuesta no les gusta en lo más mínimo, pues muchos de estas formaciones ya se están preparando para competir en las elecciones de octubre del 2019, y en casos como el de Bogotá ya son varias las cartas que se han destapado para aspirar a suceder a Enrique Peñalosa. Puede leer: En primer debate aprueban que alcaldes actuales vayan hasta el 2022 Pero más allá de cuestiones políticas, la fórmula para unificar el periodo de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la república -que es el espíritu de la reforma que se está discutiendo en la Cámara- tendría argumentos fiscales que podrían provocar su hundimiento en los próximos debates. Debe superar otros siete debates para que la reforma sea norma constitucional. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto general de la nación para el 2019, el representante Ricardo Ferro (Centro Democrático) llamó la atención de la plenaria de la Cámara de representantes de las posibles consecuencias que podría tener desde el punto de vista presupuestal que el Congreso ampliara el periodo a los actuales alcaldes y gobernadores. Ferro sostiene que en virtud de los principios de planificación y programación presupuestal, los gastos de funcionamiento e inversión deben someterse a las exigencias técnicas y administrativas que la Registraduría demande como necesarios para su ejecución y operación. Le recomendamos: ¿Alcaldes atornillados en el poder? Según le informó el congresista a SEMANA, la inversión que demanda la Registraduría para el año electoral del 2019 está alrededor de los $868.000 millones. Ferro considera que ese dinero “se podría perder” por la sencilla razón de que la reforma necesita siete debates, y solo hasta el mes de junio del año próximo se sabrá si efectivamente se aprueba la ampliación del periodo a los actuales alcaldes y gobernadores. Es decir cuatro meses antes de las elecciones, que serán el 27 de octubre del año próximo. “Este proyecto de acto legislativo podría resultar aprobado por el Congreso meses después del inicio de la actividad de preparación electoral por parte de la Registraduría, por lo que los recursos asignados a la entidad se invertirán desde enero del 2019”, explica Ferro. En los términos que maneja la Registraduría, el año electoral comienza un año antes de las elecciones, por lo que el próximo 28 de octubre se debe expedir el calendario electoral y comenzará el proceso de inscripción de cédulas. Y aunque la mayor cantidad del presupuesto se destina para el día de las elecciones, la autoridad electoral empieza a invertir recursos en tecnología, contratación de personal para reforzar el proceso de inscripción de cédulas, entre otros, que se empiezan a ejecutar desde el mes de enero. Si el Congreso decide ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, el efecto inmediato es la suspensión de las elecciones, por lo que habría un detrimento patrimonial. Análisis: ¿Cuántas alcaldías y gobernaciones tienen los partidos que aprobaron extender el periodo hasta el 2022? En dos semanas, esta reforma que fue apoyada por representantes de Cambio Radical, la U, P. Conservador, centro Democrático y el Partido Liberal (precisamente los que tienen mayor número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales) será materia de discusión de la plenaria de la Cámara, donde podría ser aprobado. Luego pasará al Senado donde esta iniciativa parece tener ambiente a la contra. “Es un manoseo a la democracia” Un día después de la decisión de la comisión primera de la Cámara, cinco senadores se unieron para conformar un “muro de contención” contra este proyecto. David Barguil (P. Conservador), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Juan Felipe Lemos (la U), Fabio Amín (P. Liberal) y Grabriel Velasco (Centro Democrático) se unieron con el propósito de hundir la iniciativa si esta llega viva al Senado.
Rodrigo Lara, Juan Felipe Lemos, Fabio Amín, David Barguil, Gabriel Velasco Barguil calificó el proyecto como un “manoseo” a la democracia porque los alcaldes y gobernadores fueron elegidos para un periodo de cuatro años. “No podemos a través de una leguleyada extender ese periodo y quebrar la democracia en Colombia”. Amín anticipó que los tres senadores de la bancada liberal de la comisión primera votarán en contra del proyecto. Rodrigo Lara, miembro de esa comisión, también anunció su voto en contra a pesar de que el proyecto es impulsado por sus copartidarios de Cambio Radical. Gabriel Velasco habló a título personal pero dijo que el jefe del centro democrático, el senador Álvaro Uribe no comparte la idea de alargar los periodos. Juan Felipe Lemos consideró que la iniciativa pretende evitar que surjan nuevos liderazgos en las regiones que lleguen a reemplazar las viejas estructuras políticas del país. Barguil, además, exigió al gobierno que se pronuncie si apoya o no esta reforma. “Que asuma una postura clara en defensa de la democracia y no se preste a esta vagabundería”.