En la madrugada de este jueves, la Corte Internacional de La Haya dio lectura a su fallo tras la demanda de Nicaragua en 2013 alegando que Colombia no ha cumplido la sentencia emitida un año antes. En términos generales el dictamen se enmarca entre lo que se esperaba, sin embargo, hay puntos por rescatar.

Ricardo Abello, quien fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya entre 2014 y 2019 y estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, habló con SEMANA sobre su interpretación de este fallo.

SEMANA: ¿Cuáles son sus interpretaciones luego de este fallo de La Haya?

RICARDO ABELLO: El fallo que acaba de leer la Corte Internacional de Justicia era previsible en el sentido de que determinó la responsabilidad de Colombia del no respeto de los derechos soberanos de Nicaragua de acuerdo con la decisión del año 2012. Era previsible porque Colombia siempre ha dicho que no puede aplicar ese fallo, en consecuencia la decisión de la Corte no podía ser otra que determinar la responsabilidad del Estado colombiano con relación a las diferentes actividades que han realizado desde la Armada Nacional en esa zona exclusiva nicaragüense.

SEMANA: ¿En qué concordó y en qué no el tribunal de La Haya con relación a las expectativas que se tenían?

R.A.: Creo que un punto muy importante para Colombia es el que la Corte haya determinado que el decreto 33 del 2013 es contrario al derecho internacional. Con relación a lo que hubiéramos esperado ganar y que la Corte determinó que no se había logrado probar es lo relativo a la pesca tradicional de parte de los raizales. Sin embargo, hay que rescatar el hecho de que la Corte le dice a Nicaragua que se debe sentar con Colombia a restablecer unos acuerdos bilaterales para que los raizales puedan ejercer sus derechos.

SEMANA: ¿Los pescadores podrán continuar realizando sus actividades como lo hicieron durante estos años, o qué sucederá ahora con ellos?

R.A.: Por lo pronto, lo que deben hacer es sentarse el gobierno nicaragüense y el gobierno colombiano a determinar cómo se va a ejercer ese derecho por parte de la comunidad raizal. Lo que la Corte dice es que en esos espacios no es claro que esos derechos los ejerzan en zona económica exclusiva nicaragüense, entonces no hay una plena prueba de esto y en consecuencia si se va a ejercer ese derecho, tiene que haber unos acuerdos bilaterales para que se puedan ejercer esos derechos.

SEMANA: ¿Cómo ve el panorama de esas conversaciones con Nicaragua, sabiendo las pocas relaciones que ha habido entre ambos gobiernos?

R.A.: En este momento es muy complicado el sentarse a negociar de forma bilateral sobre todo teniendo en cuenta que sí hubo unas relaciones entre ambos estados hasta hace algunos años pero como consecuencia de todo lo que ha ocurrido en Nicaragua desde 2018 esos acercamientos fueron cortados por parte de Nicaragua. Y ya lo últimamente lo sucedido con el embajador en Nicaragua y todo lo que está sucediendo con relación a Nicaragua al régimen de Ortega hace que sentarse a negociar estos acuerdos sea muy complicado hoy en día.

SEMANA: ¿Luego de la lectura del fallo, considera que Colombia quedó golpeado?

R.A.: Yo sí esperaba que lo de los derechos de pesca saliera favorable para Colombia. Sin embargo, aquí no los está negando, esto queda en una situación en el sentido de que es casi obvio que con relación a esos temas de pesca tradicional no existen documentos, no existen registros, mayor cosa relativa a si estos derechos históricamente se realizaban o no, entonces es bajo esa perspectiva, que la Corte dice que no puede determinar esa existencia porque entre otras hay falta de documentos, y ese tipo de cosas no se seguían registros. En consecuencia, bajo esa perspectiva, lo que la Corte dice es si hay ese ejercicio por la comunidad raizal, es necesario que los estados se sienten a negociar esos acuerdos para que la comunidad raizal pueda ejercer ese derecho.

SEMANA: ¿Cómo quedan las comunidades raizales de San Andrés en todo este panorama?

R.A.: Ese es un tema complejo porque a priori uno podría decir que aquí están perdiendo, sin embargo, creo que ese sentimiento de perder no es exclusivo ni hace referencia exclusiva a estos procesos que se están adelantando en La Haya. Yo lo que creo es que Colombia debe tener una mayor presencia en la isla, debe tener una posición de mayor respeto de la comunidad raizal como una minoría, y aprovechar esa posición geográfica de las islas para poder tener una posición con mayor presencia en distintos temas: económicos, intercambios culturales, y de presencia en el Caribe por parte de Colombia. Creo que es lo que no se ha hecho y que la comunidad raizal extraña esa presencia del Gobierno colombiano y un reconocimiento a esa minoría raizal. Eso es lo que se debería hacer, creo yo.

SEMANA: ¿Hay algo rescatable dentro de este fallo de la Corte?

R.A.: Creo que hay varios puntos para Colombia que son rescatables. En lo que se perdió es porque era claro que se iba a perder. Llevamos 10 años diciendo que no se puede cumplir el fallo, bajo esa perspectiva no se puede decir otra cosa. Sin embargo, rescatable también absolutamente el hecho de que se haya determinado que el decreto 33 de 2013 del Gobierno nicaragüense es contrario al derecho internacional.

Lo otro es que es contrario a lo que buscaba Colombia en la medida de protección al medioambiente marino, es que no se pueden ejercer esos derechos de protección al medio ambiente en la zona económica exclusiva nicaragüense, por ejemplo, cuando hay pesca de forma indiscriminada no puede intervenir la Armada Nacional para impedir ese tipo de pesca. Ahora, existen otros mecanismos jurídicos para denunciar esos hechos y es el estado nicaragüense o el ribereño que no hace alusión solamente a Nicaragua, sino esos espacios marítimos, es el estado ribereño quien debe ejercer esos controles de policía.

SEMANA: ¿Qué viene ahora en este proceso?

R.A.: Lo primero es que los dos estados, tanto Colombia como Nicaragua, deben ajustar sus decretos. Que Colombia debe cesar inmediatamente cualquier tipo de control de pesca en cualquier zona económica exclusiva nicaragüense de acuerdo con el fallo del 2012 y tratar de buscar salidas porque yo creo que lo mas importante sigue siendo la población de las islas y en ese sentido hay que buscar caminos para poder llegar a acuerdos bilaterales con Nicaragua para que los isleños puedan ejercer esos derechos de pesca.

SEMANA: Luego de este fallo, ¿qué viene en ese proceso en la Corte Internacional?

R.A.: Este caso aquí ya termina y es de obligatorio cumplimiento y es inapelable. Existen unos recursos, pero para este fallo concreto, en la medida en que se trata de derechos, es muy difícil que surjan nuevas pruebas o que hayan nuevas situaciones que hayan llevado a la corte penal distinto, que eventualmente podría buscarse una revisión. Con relación a la interpretación, yo creo que es claro el fallo y no creo que los dos recursos sería viable, entonces como le mencionaba, las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Aquí, de acuerdo con relación a derechos soberanos ya termina. Queda pendiente para finales del segundo semestre lo relativo a plataforma continental extendida que creo que ya pronto, para finales del año entrante, habría un llamado a audiencias orales en mayo más o menos el año entrante estaríamos teniendo un fallo sobre plataforma continental extendida.