En las últimas semanas en Bogotá, 14 acciones han alterado el orden público, la explosión de petardos y siete acciones de sicariato han abierto una discusión sobre la seguridad en la capital. Preguntas sobre los responsables de estos hechos y la aparente perplejidad de las autoridades son las que hoy rondan a un buen sector de la sociedad capitalina. En todo caso, lo que muestran estos hechos, así como otros indicadores sobre la seguridad en Bogotá, es una situación compleja que va más allá de acusaciones a autoridades individuales sobre la gestión de la seguridad en Bogotá. Se podrían resumir en cinco situaciones criminales que hoy impactan a Bogotá y tres problemas de administración de la gestión de la seguridad. Uno de los principales problemas que están impactando la seguridad en Bogotá se refiere a coletazos de la famosa guerra verde que se estaría produciendo luego de la muerte de Víctor Carranza y el atentado a alías ‘Pedro Orejas’. Entre el año 2013 y los primeros meses del 2015, se perpetraron 15 atentados selectivos contra esmeralderos, abogados y testaferros de este tipo de organizaciones mafiosas. Serían dos grandes disputas las que se viven, una se desarrolla en el interior de la organización de Víctor Carranza, donde la disputa serían por las herencias. Otra disputa sería entre organizaciones criminales, entre ellas estarían involucrados algunos herederos de Carranza. La segunda problemática que vive la ciudad es la presencia de algunas organizaciones criminales con cierta capacidad de perturbación que se ubica en la frontera entre Bogotá y Soacha. Son, básicamente, estructuras criminales de 15 a 20 personas que prestan servicios de seguridad privada, regulan el mercado del microtráfico y serían responsables de varios casos de sicariato y fleteo. Estas estructuras son de tipo local, pero habrían sido contratadas por organizaciones de tipo regional o nacional. En tercer lugar, Bogotá actualmente vive una disputa subterránea en varias localidades por el control de algunas zonas de expendio de droga. Luego de varias intervenciones en las denominadas “ollas” madres, como la del Bronx, se produjo un fenómeno en doble vía. Por un lado, se dio una descentralización del negocio de la droga, se pasó de estas “ollas” madres manejada por los ganchos (casas matrices de la veta de droga en Bogotá) a un proceso de copar localidades y zonas específicas de la ciudad. A la vez, a nivel local se está produciendo un fenómeno de concentración, es decir, estos ganchos están sometiendo en algunas zonas las tradicionales “ollas” barriales y zonas de venta de droga para tener mayor control sobre las rentas de esta actividad. Esta disputa local habría provocado varios casos de sicariato. Además, esta llegada de los ganchos a las localidades ha permitido el surgimiento de nuevas modalidades de venta de drogas, como el taquillero o la venta de drogas a domicilio en los estratos altos. En cuarto lugar, existe un problema complejo de seguridad y percepción de la (in) seguridad en focos de aglomeración pública. El sistema de trasporte urbano, puentes peatonales y algunos parques son un buen ejemplo de esta situación. Estos puntos son afectados, aunque no únicamente, por la pequeña delincuencia común. A lo anterior se suma un quinto punto y es la intención de organizaciones criminales y grupos armados ilegales de desestabilizar Bogotá. Al parecer, un sector urbano del ELN estaría detrás de varios petardos y también habría información sobre la intención de sectores que están en contra del proceso de paz de cometer actos que perturben la seguridad de la ciudad. El siguiente mapa muestra el lugar donde ocurrieron los petardos y los casos más graves de sicariato. A los anteriores fenómenos sobre dinámicas criminales se suman tres realidades de la gestión de la seguridad en Bogotá. Por un lado, se ha descuidado de forma progresiva una serie de estrategias que habían blindado la ciudad. Por ejemplo, el Plan Candado o los famosos CAI fronteras se crearon cuando la guerrilla de las FARC tenía varias estructuras rondando Bogotá, pero además de proteger a la capital de posibles ataques de las FARC, estas estrategias fueron eficientes para evitar la entrada de explosivos a la ciudad. A Bogotá entraba contrabando, drogas, etc., pero no entraban explosivos y esto blindó la ciudad. Hoy esta no es la realidad. Otro ejemplo es la incautación de drogas en Bogotá, que se hace dentro de la ciudad, pero en las entradas no ha habido grandes incautaciones, la mercancía ilegal fluye fácilmente. Un segundo tema en la gestión territorial de la seguridad es la articulación con los vecinos. Hay una baja articulación con Soacha, Cundinamarca y en general con estrategias de seguridad del orden nacional. Pueden existir buenas relaciones personales e incluso una comunicación fluida entre autoridades, pero la articulación en territorio es mínima. El mejor ejemplo es la frontera entre Soacha y Bogotá. Otro buen ejemplo es la relación entre alcaldías locales y estaciones de policía de las localidades. Un último tema sobre la política pública es que no existe una estrategia integral de seguridad para la ciudad. Si bien existen importantes iniciativas en temas de prevención, focalización como el Plan 75-100 y atención a población vulnerable, aún no hay una estrategia clara de articulación en los tres ejes de cualquier política pública de seguridad urbana. La percepción de (in) seguridad, los temas de civismo y el tema de crimen organizado.