La Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al representante a la Cámara por el Guainía, Anatolio Hernández Lozano, tras ser denunciado por presuntamente cobrarle una parte de su salario a la gente que vinculaba a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El congresista, al parecer, vinculaba a personas sin acreditar la experiencia y luego les cobraba dinero. Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado adelanta el estudio de una demanda de pérdida de investidura en su contra.
Hernández fue vinculado a una investigación formal tras ser citado a indagatoria por la Sala de Instrucción para que responda por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Según pudo establecer SEMANA, el congresista fue denunciado por Raúl Emilson López Cruz quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el año 2020. En la acción judicial se indica que Anatolio lo vinculó en un cargo de libre nombramiento y remoción “como asesor dentro de su unidad de trámite legislativo” en febrero de 2019.
Sin embargo, jamás le señalaron las funciones que debía realizar ni el trabajo para el que había sido contrato. Dos meses después de su vinculación el congresista del Partido de La U le exigió que a cambio de su nombramiento le entregara una suma cercana al millón de pesos mensuales. Ocho meses después, es decir en enero de 2020, fue declarado insubsistente.
El denunciante reveló que en el tiempo en el que estuvo vinculado al Congreso no ejerció labor alguna, “a pesar de lo cual el señor Hernández le autorizaba el pago de su salario”.