En un comunicado de tres puntos, la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se pronunció horas después de que la Sala de Instrucción le abriera una investigación formal y lo citara a indagatoria para que responda por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
En el documento conocido por SEMANA, el abogado Billy Torres, defensa de Calle, aclaró que por tratarse de un tema de interés nacional, se pronunciaba tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación formal contra su cliente.
El pronunciamiento del abogado de Calle comienza diciendo: “En relación con el comunicado emitido por la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el cual se dio a conocer la decisión de abrir una investigación formal por hechos relacionados con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reiteramos nuestro respeto por las decisiones que adopta la administración de justicia”.
Así mismo, aclaró: “Esta situación es una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa y demostrar la inocencia del representante Calle Aguas”. Y agregó que el congresista “está plenamente comprometido con la transparencia y asumirá ante la Honorable Corte su disposición para esclarecer la verdad”.
Con este pronunciamiento queda claro que el expresidente de la Cámara de Representantes y actual congresista del partido Liberal, seguirá ocupando su curul para que la Corte Suprema de Justicia lo siga investigando por este escándalo que se destapó durante la administración de Olmedo López como director de la entidad.
El propio López y su exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, han señalado que del contrato de los carrotanques para La Guajira, se habrían destinado mil millones de pesos al congresista Calle; los cuales supuestamente se le entregaron en su apartamento en Montería, Córdoba, a cambio de que apoyaran las reformas sociales del Gobierno Petro que se movieron durante el año que estuvo presidiendo la Cámara de Representantes.
Pasaron más de seis meses desde la confesión que realizaron los testigos estrella del saqueo y corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que la Corte Suprema de Justicia —con base en las pruebas— iniciara la apertura formal de investigación contra dos de los principales salpicados en este escándalo: los expresidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, quienes presuntamente habrían recibido 4.000 millones de pesos para favorecer el trámite de las propuestas de Gobierno Petro.
La Corte confirmó a través de un comunicado: “La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de Policía Judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación”. El magistrado a cargo de este caso es Francisco Farfán.
Por su parte, la magistrada Cristina Lombana fue la única integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se opuso a abrir investigación formal contra los expresidentes del Senado y Cámara por el escándalo.
La preocupación en su salvamento de voto se relacionaría con la forma de utilización de las pruebas contra los excongresistas de los partidos Alianza Verde y Liberal, teniendo en cuenta que —hasta el momento— no se ha firmado ningún preacuerdo entre los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla con la Fiscalía General de la Nación.
En este caso que avanza en la Corte Suprema, ya han presentado declaraciones juramentadas el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes tuvieron que dar explicaciones por los mismos señalamientos de los exdirectivos de la UNGRD y por petición de la defensa de Calle.