El juez quinto penal de conocimiento de Bogotá condenó a tres años y tres meses de pena al exconcejal Andrés Camacho Casado, vinculado con el ‘carrusel de contratos’. El excabildante seguirá libre porque se le concedió el beneficio de suspensión de la pena. Además, fue sentenciado a cancelar 75 salarios mínimos legales vigentes y a una inhabilidad de 55 meses para ejercer cargos públicos. Camacho Casado aceptó cargos por tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. El exconcejal, según la Fiscalía, ya reparó a las víctimas y se comprometió a colaborar con la justicia. La Fiscalía y la víctimas apelaron la sentencia, al considerar que la gravedad de los hechos merecen una mayor condena. La condena del exconcejal se deriva de una negociación de dos delitos que aceptó que cometió: tráfico de influencias y cohecho. Camacho fue uno de los concejales beneficiados durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno. Él, junto con dos concejales del Partido de la U, obtuvo cupos en entidades oficiales como la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Allí, los políticos instalaron al entonces gerente Iván Hernández con el fin de obtener beneficios en esa entidad. En efecto, Camacho y sus amigos concejales lograron que la Unidad realizara obras en algunos sectores de la capital donde La U tenía su electorado. Por ese camino, uno de los contratistas a los que les adjudicaron obras entregó a los concejales 450 millones de pesos, supuestamente para campañas políticas. Allí se configuró el delito de cohecho impropio. El otro cargo, tráfico de influencias por el que estaba procesado Camacho, tuvo que ver con el hecho de que él recomendó a los polémicos contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez en la UMV para que obtuvieran contratos. Según las evidencias, los contratistas no pudieron cristalizar sus intenciones en la entidad. El juez tasó la pena de acuerdo con el antecedente según el cual Camacho se presentó a la Fiscalía para colaborar con la justicia. Pero, además, devolvió el dinero obtenido ilegalmente y, por otro lado, obtuvo un sustancial rebaja del 50 %. Así mismo, consideró el hecho de que el exconcejal no tiene anotaciones judiciales.