Desde la derrota del plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, el país no veía a tantos líderes de opinión, políticos, expertos y sobre todo a los negociadores del acuerdo de paz con las Farc saliendo a defenderlo con nombre propio como sucedió este 11 de marzo. La decisión del presidente Iván Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz provocó la reacción inmediata de las voces con mayor autoridad en el tema en el país. Se trató de una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con copia a la Corte Penal Internacional, que advierte que la implementación de los acuerdos y la estructura de la JEP están en riesgo, no solo por las objeciones sino por la reforma constitucional que anunció el presidente Duque y que pretende modificar de fondo la justicia transicional. “Se está lesionando gravemente el acuerdo de paz”, aseguraron. La carta ha tenido un gran respaldo, incluso en la plataforma Change.org, ha sido respaldada por más de 6.000 firmas de ciudadanos. Con el fin del mandato de Juan Manuel Santos se cerró un ciclo del proceso de paz. Los negociadores del gobierno cedieron la batuta de la implementación, algunos le apostaron a las elecciones presidenciales, como Humberto de la Calle, otros prefirieron alejarse de la política, como María Ángela Holguín. Sin embargo, todos ellos han estado desde el otro lado de la barrera, evitan dar declaraciones públicas y entrar en el debate incluso manteniendo un bajo perfil en sus redes sociales. Pero con la objeción de la estatutaria algunos de ellos pusieron su firma en esa carta que pretende recurrir a los organismos internacionales que tanto soporte les han dado a los acuerdos firmados en La Habana. Especial multimedia: Los mensajes entrelíneas en el discurso de Duque Se puede decir que Humberto de la Calle se ha mantenido en el debate por la paz, concede entrevistas del tema y firmó la carta como jefe del equipo negociador. “Los enemigos de la JEP la acusan de no condenar y no tomar decisiones, pero la tienen amarrada de manos con una Ley estatutaria en vilo”, aseguró hace algunos días en Semana en vivo. A De la Calle lo acompañaron con su firma otros exnegociadores que decidieron reaparecer dada la coyuntura como el general (r) Óscar Naranjo, quien como vicepresidente defendió la paz incluso ante el Consejo de Seguridad de la ONU -al cual hoy dirige la carta-. El 7 de agosto entregó el cargo a Marta Lucía Ramírez, y con este también puso pausa a sus labores en Colombia, se dio unas vacaciones. La excanciller María Ángela Holguín también firmó. En 2015 participó en la mesa de negociación en La Habana. Desde su salida como canciller -cargo que ocupó en los dos periodos de Santos-, la exministra ha guardado silencio, incluso en momentos tan álgidos en las relaciones internacionales con Venezuela, que han dado un giro total en el gobierno Duque. En video: "Una cosa es ponerle fin a un conflicto y otra cosa es construir la paz": María Ángela Holguín en Diálogos Semana Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de paz del gobierno Santos, suscribió la carta. Su trabajo en La Habana fue vital, fue el estratega y arquitecto de la estructura básica del acuerdo. Se convirtió en el más férreo negociador del gobierno, intentó incluso que las Farc pagaran cárcel, así fuera por poco tiempo, antes de hacer política. En este punto no logró que cedieran. Después de este cargo, Jaramillo fue embajador de Colombia en Bruselas, puesto diplomático que actualmente ocupa el exmagistrado del CNE Felipe García. En contexto: Sergio Jaramillo, el enigmático pacificador Justamente, el alto comisionado para la paz del gobierno Duque, Miguel Ceballos, respondió a los firmantes de la carta dirigida a la ONU. Los invitó a leer el texto completo de las objeciones, y dijo estar sorprendido porque la enviaron antes de que las objeciones fueran radicadas al Congreso. “Los invito a que las decanten y que se basen en argumentos jurídicos. Esa carta fue firmada por negociadores de las Farc, los invito a que en el espacio que ellos mismos crearon, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), conversemos sobre estos temas en el espacio natural que fue creado para ello”, aseguró Ceballos. Las objeciones a la ley que reglamenta la JEP también fueron rechazadas por el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas. En los inicios del proceso de paz con las Farc, Villegas fue escogido como uno de los negociadores, lo validaba además su experiencia en el Caguán durante los infructuosos intentos de negociación en la administración Pastrana. Ya en el gobierno Santos como ministro de Defensa le fue encomendada una difícil tarea: proyectar a las Fuerzas Armadas hacia el posconflicto. En el caso del exministro de Justicia, Yesid Reyes, la ecuación es diferente, no ha estado alejado del debate. Sin embargo, tuvo en sus manos la posibilidad de ser magistrado de la JEP pero rechazó el cargo. De manera premonitoria advirtió que el camino que le esperaba a la justicia transicional sería difícil, justamente porque la ley estatutaria todavía estaba en manos del Congreso y el gobierno Duque pretendía modificarla. “El resultado de las elecciones parlamentarias y presidenciales mostró que un sector importante de nuevo Congreso y el propio presidente electo se inclinan por introducir ajustes en algunos temas relacionados con el acuerdo de paz”, advirtió. Ahora que efectivamente el gobierno quiere hacer modificaciones de fondo vuelve a advertir a la comunidad internacional. Frank Pearl se unió al variopinto grupo que firmó la misiva. Pearl siempre se ha caracterizado por su bajo perfil y una serenidad que le ha permitido negociar en tres procesos de paz, una con los paramilitares, después con las Farc, estuvo en la fase secreta de las conversaciones, y después fue nombrado delegado plenipotenciario del Gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Y por último con el ELN durante el gobierno pasado. No solo los exnegociadores de paz aparecieron, también firmaron la carta políticos que no suelen pronunciarse al respecto como el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. Así como el excandidato presidencial Sergio Fajardo, a quien muchos señalan de ser ‘tibio’ por no plantear posturas más radicales. Ahora, los dos rechazan que Duque haya objetado la Ley de Procedimiento de la JEP. Sin embargo, ni siquiera en medio de esta coyuntura se pronunció el expresidente Santos, quien está cumpliendo a toda costa su promesa de no involucrarse en política. La semana pasada asistió a la audiencia de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato y, en un cara a cara con Duque, abogó por la legalización y la sustitución de cultivos ilícitos. Pero esto lo hizo como miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Respecto a la ley estatutaria no se ha pronunciado. No obstante, sus mensajes en su papel de nobel de Paz son claros: “Nadie dijo que la implementación del acuerdo de paz sería fácil. Debemos perseverar sin importar las dificultades”, dijo. Ahora, el pulso entre quienes están del lado del gobierno y quienes defienden a capa y espada lo acordado con las Farc, pasará, además del congreso, al ámbito diplomático.