Una vez más, como lo ha hecho permanentemente el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo le lanzó un angustioso llamado al Gobierno Nacional para que solucione la grave crisis de la región de La Mojana y se cierre definitivamente el boquete del dique conocido como Care Gato, en San Jacinto del Cauca, Bolívar.
“Nuevamente, exhortamos al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) para encontrar una solución definitiva que permita el cierre del boquete del dique conocido como Care Gato, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), que se rompió el 27 de agosto de 2021. Las familias están desesperadas y sufren una grave afectación de sus derechos humanos debido a las inundaciones”, dijo el Defensor del Pueblo.
Por la fuerte temporada de lluvias que afectó gravemente al país en los últimos meses y ante las inundaciones derivadas por el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge, se estima que unas 35.000 familias están afectadas.
El balance de afectación en la zona de La Mojana es devastador, pues se calcula que por lo menos 500 mil personas están afectadas, más de 3.000 viviendas averiadas y otras 500 viviendas destruidas.
También han resultado afectados diez puentes vehiculares, seis puentes peatonales, siete centros de salud, nueve acueductos y 72 centros educativos deteriorados o destruidos. Adicionalmente, se han perdido 47.000 hectáreas de cultivos, 6.757 bovinos, 6.803 porcinos, más de 40.000 aves de corral y 301 estanques de acuicultura.
“Es preocupante que luego de un año y medio no se tenga una solución definitiva a la situación que viven las comunidades de los municipios que conforman La Mojana y que se estén incumpliendo los compromisos adquiridos por la UNGRD, como lo manifiestan las comunidades”, reiteró Carlos Camargo.
Las comunidades de los 11 municipios que conforman la región de La Mojana, y que pertenecen a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, están desesperadas y le exigen al Gobierno el inicio de las obras dentro de los compromisos asumidos por las autoridades gubernamentales.
“Es por eso que desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado realizado el mes de septiembre pasado, en búsqueda de que se implementen acciones estructurales que garanticen el desarrollo de proyectos productivos, la seguridad alimentaria y la prestación de servicios básicos”, agregó Camargo.
Con base en las alertas tempranas del Ideam, se emitió una resolución en la cual se hicieron recomendaciones frente a la garantía de los derechos de la población. Esto, en el marco de la atención de las emergencias causadas por los eventos climáticos extremos y se les dirigió a las autoridades e instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de hacerle frente a la atención de las emergencias.
En diferentes ocasiones, a la Defensoría del Pueblo se le ha advertido sobre la grave situación que se vive por las inundaciones en La Mojana y esta les ha solicitado a la UNGRD, a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo y a las entidades territoriales que, de manera articulada, se adopten medidas urgentes ante las consecuencias que se presentan por el fenómeno de La Niña.
En los diferentes requerimientos se ha advertido la necesidad de evaluar y actualizar los planes de gestión del riesgo, reforzar las actividades de monitoreo de las condiciones de riesgo y hacer seguimiento a las alertas emitidas por el Ideam.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha participado en los Puestos de Mando Unificado (PMU). También, en el marco de la protección de los derechos humanos ha realizado múltiples requerimientos a municipios, gobernaciones, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Fondo de Adaptación y UNGRD, con el fin de acompañar a la comunidad, solicitando información sobre los avances de las obras de emergencia y acciones para la atención oportuna y eficaz de la problemática.
De igual manera, un equipo de la Defensoría del Pueblo adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre) con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar la problemática causada por las inundaciones; además, para identificar alternativas para la protección de los derechos de las comunidades.
A principios de octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo también les recomendó al Gobierno nacional y al Congreso de la República que se evalúe la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país.
Posteriormente, el 22 de noviembre, se instaló en Montería una mesa de diálogo entre la comunidad y el Gobierno nacional. Allí se adquirió el compromiso de realizar los estudios técnicos por medio del Batallón de Ingenieros Militares y las Fuerza de Tarea Aquiles, dirigidos al cierre definitivo del chorro de Care Gato en el plazo de un mes y a ajustar el Conpes 4076 de 2022 para incluir en las actividades el diseño de la solución definitiva de las inundaciones en La Mojana.
Camargo instó a la UNGRD para que tome medidas oportunas en la atención de la emergencia y la adopción de medidas definitivas para solucionar la problemática asociada a las inundaciones que se vienen presentando frecuentemente en la región de La Mojana, con el fin de prevenir afectaciones a la comunidad.
Mientras tanto, pidió que se continúe en la entrega a la comunidad afectada de kits de asistencia alimentaria, así como de los apoyos económicos a los pequeños productores agropecuarios, que por cuenta de las afectaciones y, en particular, por la intensa lluvia de los últimos días, han visto afectada su calidad de vida.