El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria se encuentra privado de la libertad desde hace varios meses por la investigación ante presuntas irregularidades en el contrato de pavimentación y mantenimiento de la llamada Troncal de la Paz, que se firmó en su anterior administración.
SEMANA reveló en primicia que a dos de los testigos en contra de Gaviria se les otorgó el principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General. Se trata de José Ignacio Narváez Mora, para entonces representante legal del Consorcio Troncal de la Paz, y Luis Fernando Solarte Viveros, contratista de la adición.
Frente a estas revelaciones, el exgobernador emitió un comunicado en el cual aseguró que los dos testigos rindieron declaración bajo la gravedad de juramento.
Según el exmandatario, Luis Fernando Solarte se presentó ante la Fiscalía Primera Delegada y la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2019. Allí aseguró que el exgobernador “participó un par de veces en el Comité Técnico de la obra, que su participación era de carácter informativo, haciendo preguntas sin tomar decisiones sobre el contrato, y que el testigo afirmó que “no se acuerda de qué temas se trataron en esos comités a los que asistió el gobernador”.
Igualmente, afirmó que José Ignacio Narváez también compareció ante la misma instancia el 23 de septiembre de 2019 y aseguró que conoció al exgobernador durante la construcción de la vía Yolombó-Yalí-Vegachi, era un hombre madrugador y exigía rendimientos.
Afirmó igualmente, según lo dice en su comunicado Gaviria, que el exgobernador era “muy dedicado y le parecía de admirar un funcionario que a las seis de la mañana se presente a exigir resultados, refiriéndose al proyecto de pavimentación”.
Además, añadió que el exmandatario asistió una vez al proyecto de pavimentación de la Troncal de La Paz, “revisó el avance, el cronograma, cuántas máquinas tenían, frentes de trabajo”.
Igualmente, Gaviria dice en su comunicado que la investigación que se sigue en su contra no está relacionada con sobrecostos, sobornos o mala calidad de la obra. sino que lo que se investiga, según lo dice, es si “al contrato para la construcción y pavimentación de la Troncal de la Paz se le podía o no adicionar las conexiones de los municipios aledaños de Zaragoza y El Bagre, adiciones que no superaron el 50 % de lo que permite la ley”.
Finalmente, aseguró que reitera su confianza en la justicia de que la “verdad prevalecerá en el análisis de la Corte Suprema de Justicia de Colombia”.
La investigación en curso
El contrato que enreda al gobernador se firmó en 2004 por un valor de 43.000 millones de pesos y, de acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades están en los anticipos que se entregaron por más de 8.900 millones para la compra de equipos que debieron correr por cuenta de los contratistas y no del departamento.
Adicionalmente, el fiscal a cargo estableció que hubo irregularidades en las adiciones a ese contrato inicial, que en criterio de la Fiscalía desconoció “principio de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad en la contratación pública”.
La investigación la asumió un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que a mediados de 2020 ordenó la captura del gobernador Gaviria; luego, y después de una lucha jurídica, recobró su libertad por orden del Tribunal Superior de Medellín. Pero ocho meses después la Fiscalía insistió y el mandatario departamental fue recapturado en su despacho y cuando agentes del CTI lo notificaron de una decisión en su contra.
El gobernador de Antioquia se declaró inocente de los señalamientos que hizo la Fiscalía luego de definir la situación jurídica y llamarlo a juicio por las presuntas irregularidades en el contrato de infraestructura. Sin embargo, el asunto se le complica con esta nueva decisión, que deja en su contra dos testigos que justamente firmaron el contrato objeto de investigación.
Los dos testigos esperan darles soporte a las diligencias, al material probatorio recaudado y a los análisis de expertos de la Fiscalía, que sirvieron de soporte para tomar la determinación de llamarlo a juicio y ordenar su captura como medida preventiva, mientras avanza en la Corte Suprema de Justicia el juicio respectivo.
Recientemente, la propia Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de instrucción, negó la petición de libertad que interpuso la defensa del gobernador Aníbal Gaviria tras considerar que no se cumplían los requisitos legales para mantener una medida de aseguramiento en su contra. La sala aseguró que la situación judicial que motivó la detención domiciliaria hasta el momento no ha cambiado y por tanto se mantiene la medida ordenada por la Fiscalía.
“La Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta a Aníbal Gaviria Correa no solo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa”, señaló la Corte.
Así las cosas, y aún con la detención domiciliaria, el gobernador Gaviria tendrá que defenderse ya en la etapa de juicio y ante la Corte Suprema de Justicia de los señalamientos que harán, y como quedó pactado en el principio de oportunidad, los contratistas también enredados en este proceso.