La ubicación geoestratégica del Archipiélago de San Andrés y Providencia en el mar Caribe, con sus fronteras compartidas con siete naciones, ha convertido a esta región en un corredor de circulación tanto legal como ilegal de migrantes. La situación ha llevado a la Armada Nacional a realizar diez interdicciones en lo que va del año, rescatando a un total de 158 personas que intentaban cruzar el mar Caribe hacia Nicaragua y otros países de Centroamérica.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que garanticen condiciones migratorias “seguras, legales y respetuosas de los derechos humanos”. Para el defensor, si bien San Andrés no es considerado una ruta migratoria regulada, la dinámica particular de esta región dificulta la identificación de intenciones delictivas, ya que muchos migrantes ingresan con documentos legales y como turistas, pero luego abordan embarcaciones no autorizadas para su travesía.
“En lo que va de este año, en 10 interdicciones, han sido rescatadas 158 personas por la Armada Nacional en las rutas del mar Caribe hacia Nicaragua y otros lugares de Centroamérica, situación que motiva nuestro llamado a las entidades gubernamentales a que garanticen condiciones migratorias seguras, legales y respetuosas de los derechos humanos”, indicó el defensor Camargo Assis.
La irregularidad se produce cuando estos migrantes abordan embarcaciones inseguras, sin la documentación ni los permisos adecuados, muchas veces adquiriendo servicios no autorizados a bordo de yates o cruceros. Esta situación ha llevado al defensor del Pueblo a instar a las entidades estatales y autoridades competentes a redoblar esfuerzos para detectar y sancionar la venta de actividades no autorizadas por la ley.
El peligro que representa esta forma irregular de migración quedó en evidencia el año pasado, cuando se reportó la desaparición de cuatro embarcaciones con 59 migrantes y tripulantes a bordo. Los riesgos son altos, ya que estas personas se exponen a naufragios y desapariciones en embarcaciones no seguras.
“Como medida para frenar los llamados trayectos VIP de migración irregular, insto a las entidades estatales y autoridades competentes a redoblar esfuerzos para la detección y sanción de la venta de actividades no autorizadas por la ley. Y a Migración Colombia, diseñar estrategias de mayor control en los aeropuertos del país para evitar el tránsito irregular de migrantes”, expresó el defensor del Pueblo.
Recientemente, un equipo de la Regional San Andrés de la Defensoría del Pueblo acompañó a 23 migrantes, entre ellos 14 venezolanos, seis vietnamitas y tres peruanos, todos encontrados en condiciones de abandono y despojados de sus pertenencias en el cayo Alburquerque (San Andrés). Entre los rescatados había seis menores de edad, quienes junto con los adultos, fueron puestos a disposición de Migración Colombia para ser retornados a sus lugares de origen.
El defensor Camargo aseguró que se mantendrá el seguimiento y las mesas de trabajo con las autoridades del departamento para abordar el fenómeno migratorio, y desarrollar planes sólidos que protejan a los migrantes de los abusos y riesgos a los que se enfrentan en su búsqueda de mejores condiciones de vida.
“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos con el seguimiento, en las mesas de trabajo con las autoridades del departamento, al fenómeno migratorio y sus dinámicas para que verdaderamente sean construidos planes sólidos que protejan a los migrantes de los abusos a los que se enfrentan”, finalizó el funcionario, quien recordó que la lupa también está puesta sobre el Tapón del Darién, otra de las zonas más álgidas por el paso irregular de migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, donde más de 98 mil han pasado en lo corrido de este año.