El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ‘¿Donde están?’, en el cual denuncian 354 casos de desaparición forzada en el Magdalena Medio y el departamento del Meta.

De acuerdo con el informe, estas desapariciones se dieron entre 1974 y 2014, y las víctimas pertenecían a las colectividades políticas como la Unión Patriótica y el Partido Comunista. También se habla de casos de líderes sociales, movimientos campesinos y juntas de acción comunal que fueron desaparecidos.

En el documento se lee que el pico más alto de los crímenes se dio en el año 2000. En ese sentido, relatan que los responsables son grupos paramilitares como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bloque Centauros, entre otros grupos. También se nombra la responsabilidad de la Fuerza Pública de brigadas del Ejército (la quinta y la catorce) y batallones entre los que se nombra el Batallón Francisco José de Caldas y el Batallón Pantano de Vargas.

“La omisión del Estado se evidencia en la ausencia de acciones por parte del mismo, a pesar de las múltiples denuncias realizadas por las organizaciones de derechos humanos y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría”, señalaron durante el evento.

La JEP citó recientemente a cinco sargentos adscritos al Batallón Pantano de Vargas que tiene su sede en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. El llamado se da en el marco del Expediente 03 que se adelanta por las ejecuciones extrajudiciales.

Los hechos se habrían presentado entre los años 2004 y 2007, cuando se registraron doce asesinatos de civiles que fueron presentados en los informes oficiales como guerrilleros abatidos en combate. Los ‘falsos positivos’ se registrados en las poblaciones de Lejanías y San Juan de Arama.

Los militares fueron vinculados en una investigación que adelantó la Fiscalía General por las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en la región de los Llanos, en el marco de la política de “seguridad democrática”. En el reporte, que fue enviado hace poco a la JEP, el ente investigador revela que con el fin de presentar resultados operacionales y obtener los beneficios que se ofrecían en la lucha contra la subversión, se puso en marcha un plan para identificar, retener, asesinar y reportar combates inexistentes.

Por el momento, no han podido ser plenamente identificadas las doce víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades tienen muy pocos datos sobre su origen y familiares; lo único que se ha podido determinar hasta el momento es que entre las víctimas se encontraba una mujer.

La JEP, igualmente, tuvo en cuenta el documento enviado por el Colectivo Orlando Fals Borda titulado ‘Por el esclarecimiento de responsabilidades: Análisis de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales’ que narró los casos de falsos positivos que se realizaron en esa región del país.

En el Expediente 03 que corresponde a las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado, recientemente se conoció que 21 militares –entre los que se encuentran un general en retiro, once oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un civil– aceptaron su participación en 247 ejecuciones extrajudiciales registradas en el Catatumbo (Norte de Santander) y la costa Caribe.

La Sala de Reconocimiento advirtió que la JEP “concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”. Los hechos se presentaron entre 2003 y 2008.