“Me quitaron tanto, que me quitaron hasta el miedo”. Con esta frase, ante la Procuraduría General, arrancó este lunes su defensa Andrés Mayorquín, exasesor de Presidencia en el despacho de María Paula Correa, quien terminó hace semanas en el “ojo del huracán”. Se descubrió la adjudicación de más de 24 contratos millonarios asignados a dedo para su esposa Karen Vaquiro.
La Procuraduría adelantó la primera audiencia en el marco de una investigación preliminar precisamente por esta situación. En la audiencia, Mayorquín pasó del enojo a la indignación, luego por el llanto a la sonrisa. Con todo tipo de argumentos judiciales, dijo que no hubo falta disciplinaria ni penal en su actuar.
Y es que, sin duda, la estrategia con la que jugó, aunque Mayorquín dice que nunca hubo intención de cometer una falta, se derrumbó como un castillo de naipes al quedar al descubierto que, mientras estaba en la Casa de Nariño, su esposa, Karen Váquiro Cuéllar, obtuvo en total 24 contratos con más de 15 entidades del Estado, firmados en dos años por más de 1.245 millones de pesos. Mayorquín logró entrar a la Casa de Nariño como asesor en 2019.
Mayorquín le pidió a la Procuraduría “volver a ser habilitado, no para ocupar cargos públicos, sino para luchar por una causa política”, dijo en la audiencia. Negó que hubiera buscado presionar al alcalde de Cartagena, William Dau, para lograr contratos pues “está probado que no conversaban frecuentemente”.
Dice que “jamás tuve una conversación con él, yo no hablo con ocasión de mi cargo con él. En este momento, participo de 59 grupos de WhatsApp del Congreso de la República, sigo activo y ahí aparecen los celulares de todo el mundo. Si alguien pide el número lo envía, y pues encuentro una información para enviarla. Ese señor ni me conocía”.
“En el caso de la doctora Myriam, tampoco abusé de mi cargo. A usted no lo contratan para recomendar. Qué influencia pude tener sobre una directora de entidad, la que manda es ella. Ella dice que ella había tenido en cuenta el perfil. No es una relación de igual”, dijo en la audiencia.
La lista de contratos es extensa. Entre las entidades con las que firmó figuran: la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General de la Nación, el Icetex, los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil y la Registraduría Nacional. Pero lo que ha despertado indignación en Colombia es que, previo a suscribir los contratos, la única experiencia que certificaba Váquiro era año y medio como gerente de una de las oficinas del Banco de Bogotá y unos meses en Link Consultores, empresa en la que ella y su esposo son representantes legales.
“Yo solo quiero una oportunidad, una oportunidad, señor juez. Yo me pregunto, pero en qué lugar hay algo que me juzgue disciplinariamente. Y mucho menos penalmente”, dijo en la audiencia. Confesó además que su “mayor error” fue “abandonar a su familia” por las largas jornadas de trabajo en el Gobierno.
En este caso, la Procuraduría busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su cónyuge, Karen Váquiro, en distintas entidades estatales.
La Contraloría también reveló que se abrió una indagación preliminar a las entidades que contrataron a Váquiro, como el Ministerio de Justicia, la Aeronáutica Civil, el Departamento para la Prosperidad y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otros.
Ahora, Mayorquín pasará de codearse con funcionarios del Gobierno nacional y tener al Congreso en la mano, a esperar la cita con las autoridades que adelantan los casos de investigación en su contra.