Uno de los proyectos anticorrupción, hijo de la mesa técnica, está avanzando a paso de tortuga en el Congreso pese al mensaje de urgencia que dio el Gobierno. La discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes ha sido álgida, es el segundo debate de cuatro que se deben surtir para modificar la ley quinta. Este tema es espinoso porque los congresistas están modificando el reglamento del Congreso, específicamente en lo relacionado a los conflictos de interés. El pasado martes la plenaria aprobó el primer artículo del proyecto y aplazó la discusión. El próximo lunes se seguiría discutiendo, pero esto depende del orden del día. Sin embargo, este artículo aprobado ha desatado fuertes críticas. Algunos congresistas lo ven como un gol al proyecto anticorrupción, pues iría en contra de la esencia del proyecto, que es aumentar la transparencia y la rigurosidad para que sea más difícil que los parlamentarios terminen favoreciendo a sus financiadores, o a sus familiares. ¿Autogol? Lo primero que hay que decir es que el proyecto que se radicó contempla que se haga extensivo el conflicto de interés a su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esto es una reducción en el grado de consanguinidad porque la ley quinta exige que sea hasta el cuarto grado. Puede leer: Claudia López habla de la consulta anticorrupción un año después de que esta fue votada Este fue justamente el debate que se dio. La subcomisión que se creó para este proyecto llegó a plenaria con una propuesta "intermedia", como la llaman, para que fuera hasta tercer grado de consanguinidad. Pero al final, los congresistas negaron esta propuesta, y aprobaron otra proposición que dejaba el segundo grado con 80 votos a favor y 49 en contra. En plata blanca esto significa que los congresistas ya no tendrían que declarar conflicto de interés por primos, tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Sino solo por padres, hijos, cónyuge, suegros, yernos, nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados. Quienes están en contra de que se reduzca el grado de consanguinidad aseguran que se trata de un retroceso. "En este momento con mi primo-hermano yo no puedo hacer negocios, porque es mi cuarto consanguíneo, después de esto háganlo tranquilamente porque no hay impedimentos. Abrieron la puerta para el nepotismo. Obviamente que hay departamentos donde esto le gusta, a mí personalmente no", aseguró Germán Navas Talero (Polo). La representante Juanita Goebertus (Verde), una de las ponentes, calificó de "grave" lo que se aprobó, y aclaró que en la mesa técnica algunos parlamentarios manifestaron su desacuerdo con este punto y que lo dejaron como constancia, sin lograr cambiarlo antes de la radicación del proyecto. En la otra orilla están quienes defienden esta medida y aseguran que esto agilizará la discusión parlamentaria, en la que se gasta un tiempo considerable votando los impedimentos. "El cuarto grado de consanguinidad llega hasta nuestros sobrinos, hay veces que ni los conocemos o están demasiado alejados. Sería imposible saber cómo afectan nuestras decisiones. Es más que suficiente padres, abuelos, hijos y cónyuges", explicó a SEMANA el representante Andrés Calle (Liberal). Otra parte del artículo se centra en definir qué se entiende como conflicto de interés, esto, según el representante David Racero (Decentes) ayuda a aclarar cuáles son esos factores. Esto es que sea particular, es decir que otorgue un privilegio o genere ganancias, indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor de congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos, o modifique normas que afecten investigaciones a las que se encuentre formalmente vinculado. Que sea actual, es decir, que se configura en las circunstancias existentes al momento en el que el congresista participa en la decisión. Y que sea directo, es decir que se produzca de forma específica respecto del congresista o su familiar en segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil. Pero el meollo del asunto está en la parte del artículo que especifica lo que no podría configurarse como un conflicto de interés. "También permite que los congresistas no nos declaremos impedidos frente a proyectos de ley que generen un beneficio particular, directo y actual para un financiador específico", advirtió Juanita Goebertus.
Lo que falta Además, se ha dado un álgido debate por el segundo artículo del proyecto que es sobre el registro de intereses privados, en el que se incluiría tanto las actividades económicas de los congresistas (sociedad, fundación, asociación u organización, con o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera), como una relación de esas mismas actividades para parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o cónyuge. Y si al momento de registro de esa declaración el congresista no conoce la información detallada de sus parientes deberá declarar bajo gravedad de juramento. La discusión de este punto la han protagonizado el representante Alejandro Carlos Chacón y Juanita Goebertus. Esto porque mientras Juanita asegura que esta es la verdadera novedad del proyecto, porque el libro de registro de intereses ampliado a familiares y cónyuges no está en la ley quinta, Chacón asegura que "el artículo como venía viola flagrantemente el derecho constitucional de la protección de un tercero que no tiene por que asumir la carga". Puede leer: Proyecto anticorrupción: otro eje de la agenda legislativa que comienza el 20 de julio Este artículo todavía no se ha votado, Chacón había propuesto retirar el artículo y recibió una lluvia de críticas. Incluso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, amenazó con retirar el proyecto si este punto se quitaba, por ser la médula de la iniciativa, que tiene la función de dar mayor transparencia. Al Gobierno le quedan unos pocos días para intentar llegar un acuerdo con las bancadas, juntar mayorías y salvar el articulado, que no ha estado exento de críticas. Escucha"¿Se perdieron los 11 millones de votos de la consulta anticorrupción?" en Spreaker.