Este lunes, 24 horas después de que Iván Duque objetara seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado, dándole un espaldarazo a la JEP. En él reiteraron la “importancia del libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz como el principal instrumento de garantía del derecho a la justicia de las víctimas”. Pero más contundente aún, “lamentaron” que después de más de dos años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la JEP no cuente con una Ley Estatutaria, “marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios claves que la ONU, desde el Consejo de Seguridad, ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones”. Puede leer: “Las objeciones a la JEP son una pérdida de tiempo”: Juanita Goebertus La Misión de la ONU pidió apoyo “político y práctico” para la JEP, esto con el fin de que pueda funcionar plenamente. “De este respaldo dependerá, en gran medida, que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción de paz”, aseguraron, al tiempo que pidieron dar mayor “celeridad a la definición” de la ley estatutaria de la JEP, que ahora está en manos del Congreso.
Además, la Misión de Verificación considera esencial -en el marco de los estándares internacionales- que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente Duque “aseguren que la integralidad del Acuerdo Final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, así como la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas y están en la legalidad, de los miembros de la Fuerza Pública y de quienes voluntariamente se hayan acogido a la JEP”. Un día después, el canciller Carlos Holmes presentó ante el Secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, las objeciones realizadas Duque a la ley de la jurisdicción especial. Le recomendamos: Misión de Verificación de la ONU "lamenta" que la JEP todavía no tenga ley estatutaria Según Holmes, el encuentro tuvo como objetivo exponer la decisión del primer mandatario colombiano de objetar seis de los 159 artículos del proyecto. “Le expliqué en detalle nuestra estructura institucional en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el presidente de la República”, afirmó para medios. “No se trata de ninguna manera de un choque de trenes en el sentido de que se trata de fortalecer la JEP para garantizar los derechos de las víctimas”, agregó.
Conforme señala la lectura de la reunión, compartida por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Guterres en el encuentro destacó la importancia de la JEP. Además, “reiteró las preocupaciones expresadas anteriormente por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la Ley Estatutaria y su esperanza de que se tomen medidas rápidas para asegurar que este fundamento jurídico se establezca lo antes posible, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes interesadas”.
Este jueves, el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, también se pronunció al respecto de la objeción. Durante la presentación del informe anual de esta oficina en el país, Brunori afirmó que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP”. Ello, como dijo, “en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y a la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales".
La afirmación de Brunori causó indignación para el canciller colombiano. Sobre la declaración, Holmes indicó que “no coincide, se aparta, de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el señor secretario de las Naciones Unidas, recientemente en Nueva York” a través de un video que compartió en su perfil de Twitter. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a Guterres, una vez más, “su interés, comprensión y receptividad a toda la información que le fue suministrada respecto de las razones que llevaron” a Iván Duque a objetar por inconveniencia el proyecto de ley.
Y el embajador ante la ONU de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, también reaccionó a lo dicho por Brunori. Fernández afirmó que lo sostenido por este representante “es un atrevimiento con el jefe de estado de Colombia, un funcionario internacional no puede darle órdenes a un presidente y menos en las circunstancias políticas actuales”, a RCN Radio. Puede leer: JEP “lo antes posible”, el pedido de Naciones Unidas al Gobierno Según se lo dijo al medio, la postura de la ONU no es la señalada por Brunori. “En ningún momento el secretario de la ONU le pidió al presidente en los términos de Brunori sancionar la ley sin dilaciones. Eso es un abuso del señor Brunori. Esa es una intromisión en los asuntos colombianos. Lo menos que hizo fue ser atrevido con el presidente de Colombia”, expresó. Pero: ¿son tan opuestas las afirmaciones de Guterres y de Brunori como señalan Holmes y Fernández? Según Ricardo Abello, abogado con doctorado en Ciencias Jurídicas de la Javeriana y maestría en Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, “no veo contradicción. Deben ser entendidas en la misma línea, no necesariamente como posiciones opuestas”. Según el doctor, “lo que se busca es que haya una posición en la que se le permita a la JEP hacer el trabajo para el que fue creada, que haya un trabajo en el que se tenga en cuenta a las víctimas y en ese sentido creo que tanto el secretario general como el delegado del alto comisionado van en el mismo sentido”. En sus palabras, tanto Guterres como Brunori están pidiendo que funcione la jurisdicción especial. “Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, lo importante es que se le den las herramientas necesarias, completas a la JEP para que funcione, que yo creo que eso lo más importante”, afirma. Le sugerimos: “A este Gobierno le puede resultar su Guaidó”: monseñor Darío Monsalve Mejía Para Julio Londoño, diplomático y decano de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, los pronunciamientos de ambos miembros “no son necesariamente distintos”. Sin embargo, “en algunos casos los representantes de organismos internacionales indiferentemente de la calidad y la representación que tengan en lo respectivos estados se oponen a dar determinadas cátedras que sobrepasan el límite sutil de la no intervención en los asuntos internos del Estado”, afirma. “Hay una sutil línea que no se puede atravesar y un señor no se puede expresar como si fuera rey declarando afirmaciones a diestra y siniestra, para eso hay unos conductos”, puntualiza. A los ojos de Javier Garay Vargas, docente e investigador de la la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales del Externado, con doctorado de la Universidad de París Este, Marne-la-Vallée en ciencia política, “puede haber un problema de comunicación. No hay que olvidar que la representación en materia de derechos humanos es directamente dada por el secretario general de Naciones Unidas. En ese sentido, debería haber una misma línea frente a lo que sucede en el país”. Garay plantea dos hipótesis. La primera, que hay un apoyo oficial de respaldo al gobierno de Iván Duque en el ámbito internacional, y de ahí la posición de Guterres. La segunda, es la posición específica, técnica, sobre los derechos humanos que tiene la oficina del secretario general para los derechos humanos en el caso colombiano. “Por eso hay lo que uno podría ver a primera vista como un corto circuito entre lo que dice el canciller que hubo en la reunión con el Guterres y lo que dice Brunori en Colombia”, explica. Según Juan Nicolás Garzón, internacionalista y docente con especialización en Economía de la Universidad del Los Andes, ambos mensajes "van en la línea de una expectativa grande, en la línea del éxito del proceso. La comunidad internacional tiene muchas expectativas. Es natural que exprese esa preocupación y ese interés para que el gobierno entrante muestre que está comprometido con el proceso". Sobre la declarción de Brunori, "me parece fuerte pero también considero que en general la comunidad internacional tiene una expectativa muy alta en el proceso, en la medida que lo ha acompañado", sumado a que, en sus palabras, el caso colombiano "se ha interpretado como un modelo existoso, un modelo a seguir. En consecuencia, cualquier manifestación de que el proceso eventualmente puede fallar, despierta la atención de actores e instituciones internacionales".